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Condenaron a cinco años de prisión a un joven por un robo armado en Capital
El joven participó de un asalto a un comercio de Capital, donde amenazaron con armas de fuego y cuchillos a dos personas y robaron dinero y mercadería.
POR REDACCIÓN
Un joven de 18 años fue condenado a cinco años de prisión efectiva por participar en un violento robo armado a un comercio ubicado en Capital. Se trata de Darío Martín Bustos Morales, quien ingresó junto a otros sujetos al local Santa María Grow Shop, donde amenazaron con armas de fuego y cuchillos a dos personas y sustrajeron dinero en efectivo y distintos productos. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado.
El hecho ocurrió el 26 de junio de 2026, alrededor de las 15:30, en el comercio ubicado sobre calle Alem. Según la investigación de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, Bustos Morales llegó al lugar acompañado por otros individuos a bordo de un automóvil Chevrolet Onix.
Una vez en el establecimiento, los involucrados ingresaron por la fuerza y amenazaron al propietario y a una mujer que se encontraba en el interior. Los delincuentes portaban armas de fuego y cuchillos, con los que intimidaron a las víctimas y las obligaron a arrojarse al suelo.
Mientras algunos de los asaltantes mantenían inmovilizadas a las dos personas, los demás recorrieron el comercio y comenzaron a sustraer distintos elementos de valor.
Entre los objetos robados se encontraban teléfonos celulares, luminarias LED, pipas, fertilizantes y un bolso de uso personal. Además, se llevaron $350.000 en efectivo. Una vez concretado el robo, los involucrados escaparon del lugar con el dinero y la mercadería.
Cinco años de prisión efectiva por el asalto
Tras la investigación judicial, Bustos Morales fue sometido a un juicio abreviado, procedimiento mediante el cual se resolvió su responsabilidad penal sin necesidad de desarrollar un juicio oral completo.
Como resultado, la Justicia lo condenó a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en el robo armado.
Además, se dispuso la prisión preventiva del condenado, conforme a lo establecido en el artículo 297, inciso 1, de la Ley Provincial 1851-O.
En la investigación intervino la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, con un equipo integrado por los fiscales Cristian Catalano, Carlos Yanzón, Florencia Caillet y Carla Savall.