Confirmaron la sala que revisará la megacausa expropiaciones

La Corte de Justicia de San Juan dio un paso clave en la megacausa de las expropiaciones al quedar conformada la sala que tendrá a su cargo la revisión del expediente. El tribunal estará integrado por los camaristas Ernesto Escobar, Esteban De la Torre y Renato Roca, aunque antes de ingresar al análisis de las condenas deberá resolver una cuestión procesal que definirá la integración definitiva del cuerpo.

La primera tarea de los magistrados será pronunciarse sobre las excusaciones presentadas por los jueces Víctor Muñoz Carpino y Mariano Ibáñez, quienes habían sido convocados inicialmente para intervenir en el caso, pero solicitaron apartarse por distintos motivos.

Esa decisión será determinante para el futuro del proceso. Si consideran que las inhibiciones no corresponden, ambos jueces deberán reincorporarse al tribunal y solo restará designar un integrante más para completar la sala encargada de revisar los recursos de casación. En cambio, si las excusaciones son aceptadas, Escobar, De la Torre y Roca continuarán al frente del análisis de las apelaciones presentadas por las defensas.

La instancia revisora se abrió luego de que los condenados recurrieran el fallo dictado en julio de 2025, cuando nueve personas fueron encontradas culpables de integrar una asociación ilícita que, según determinó la Justicia, defraudó al Estado mediante el cobro de millonarias indemnizaciones por expropiaciones.

Durante el juicio se acreditó que la maniobra involucró a abogados, funcionarios, magistrados y peritos que inflaban el valor de terrenos expropiados, provocando un importante perjuicio económico para las arcas provinciales.

Entre las condenas más relevantes figura la del abogado Santiago Graffigna, considerado organizador de la asociación ilícita, quien recibió una pena de siete años y ocho meses de prisión. También fueron condenados su exsocio Horacio Alday, el exjuez civil Carlos Macchi, el exfiscal de Estado Mario Díaz, el exfuncionario Néstor Ruiz, la perito Ana María Melvin, los peritos Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos, además del exintegrante del Tribunal de Tasaciones José Moreno.

La conformación del tribunal revisor se convirtió en una de las mayores dificultades del expediente debido a la cantidad de magistrados que se apartaron de la causa. Los cinco ministros de la Corte de Justicia se inhibieron por haber intervenido en etapas anteriores del proceso o por mantener vínculos con algunos de los imputados, lo que obligó a recurrir a jueces subrogantes.

A esa situación se sumaron posteriormente las excusaciones de Muñoz Carpino, quien argumentó haber participado previamente en actuaciones relacionadas con el expediente, y de Ibáñez, que fundamentó su apartamiento en una relación de amistad con el camarista civil Roberto Pagés.

La causa tuvo su origen en 2010 tras una denuncia presentada por el entonces secretario General de la Gobernación, Walter Lima, durante la gestión de José Luis Gioja. Desde entonces atravesó una extensa investigación, numerosos planteos procesales y sucesivas inhibiciones hasta llegar al histórico juicio oral. Ahora, con la conformación de la sala revisora, el expediente ingresa en una nueva etapa que será decisiva para definir si las condenas quedan firmes o sufren modificaciones.