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Eco Huarpe > Resolución

Conflicto del río Atuel: la Corte dio 20 días a Mendoza para responder

Tras más de seis años de insistencia pampeana, la Corte Suprema intimó a Mendoza a informar el cumplimiento del caudal que fijó en el fallo de 2020.

Con esta reactivación notificada, la Corte vuelve a exigir información precisa para avanzar en la efectiva restitución del caudal hídrico.

Luego de más de seis años de reiteradas solicitudes e insistencia institucional por parte del territorio pampeano, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reactivó el proceso judicial en el cual la Provincia de La Pampa reclama la restitución del río Atuel. A través de una resolución notificada este viernes, el máximo tribunal otorgó un plazo perentorio de 20 días a las partes para que informen si alcanzaron algún acuerdo parcial en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI). Asimismo, le requirió de manera concreta a Mendoza que informe si cumplió o no la sentencia que la obliga a largar agua de forma continua hacia suelo pampeano.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, celebró la determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario provincial remarcó que la postura pampeana se mantiene firme e inalterable: "Luego de más de seis años de reiteradas solicitudes y presentaciones realizadas por la Provincia de La Pampa, la Corte Suprema de Justicia reactivó el proceso judicial por el cual reclamamos la restitución del río Atuel. La defensa de lo que nos corresponde no se abandona ni se detiene", manifestó.

En esa misma publicación, Ziliotto cerró con una afirmación categórica: "El Atuel también es pampeano".

Requerimientos y alcances de la sentencia de 2020

La decisión judicial busca evaluar detalladamente el accionar de las partes desde la sentencia emitida el 16 de julio de 2020. En aquella histórica sentencia, el máximo tribunal resolvió fijar como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza, amparándose en las prescripciones de la Ley de Política Ambiental Nacional.

Asimismo, la Corte encomendó a ambas provincias junto al Estado nacional determinar en la CIAI las obras de infraestructura necesarias, los plazos de ejecución y la distribución de los costos que afrontará cada jurisdicción. También ordenó diseñar e implementar un programa de monitoreo permanente sobre la provisión del caudal, la biota, la salinidad y los niveles freáticos.

El tribunal advirtió que de no alcanzarse una solución consensuada asumiría la potestad de definir el curso de acción, instando además a fortalecer el organismo de cuenca mediante la eventual conformación de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA) en reemplazo de la CIAI.

Orígenes de una disputa ambiental de casi ochenta años

El conflicto socioambiental por el río Atuel arrastra una extensa trayectoria de casi ocho décadas de diferendos. El quiebre decisivo aconteció en 1947 con la inauguración del primer dique El Nihuil en territorio mendocino. El llenado de dicha represa cortó el último brazo activo del río que ingresaba a La Pampa, lo que motivó históricos reclamos como el telegrama enviado en agosto de 1947 por el encargado policial Ángel Garay al entonces presidente Juan Domingo Perón alertando sobre la falta de agua y la muerte de animales.

Aunque en 1949 se dictó la Resolución 50/49 estableciendo tres sueltas anuales de agua, la medida resultó insuficiente para restablecer el escurrimiento regular del río. El corte del cauce derivó en la desertificación de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas en el oeste pampeano y provocó el éxodo forzado de cientos de pobladores locales.

Trayectoria del litigio en estrados judiciales

La contienda hídrica se radicó por primera vez en la Corte Suprema en 1979.

En diciembre de 1987, el tribunal declaró formalmente al Atuel como un río interprovincial y exhortó a las provincias a acordar un uso equitativo.

En 2014, La Pampa promovió una nueva demanda por daño ambiental colectivo, que condujo al fallo de 2017 y a la sentencia de 2020.

Con esta reactivación notificada en 2026, la Corte vuelve a exigir información precisa para avanzar en la efectiva restitución del caudal hídrico.

Mirá el documental sobre la problemática: San Juan incluido

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