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Córdoba hará pagar a los padres los operativos por amenazas escolares
La provincia aplicará un nuevo protocolo para que las familias de alumnos que realicen amenazas afronten los costos de los despliegues de seguridad. Buscan frenar la ola de intimidaciones en escuelas.
POR REDACCIÓN
El Gobierno de Córdoba anunció que cobrará los costos de los operativos de seguridad a los padres o tutores de alumnos que realicen amenazas de tiroteos en escuelas. La medida apunta a desalentar este tipo de conductas en medio de una creciente ola de intimidaciones en instituciones educativas.
La decisión fue confirmada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien remarcó que estas acciones no son bromas sino delitos. En ese marco, precisó que ya hay al menos 26 adolescentes imputados por amenazas calificadas, muchas de ellas realizadas de forma anónima.
El nuevo protocolo establece que, una vez identificados los responsables, el Estado calculará el costo de cada operativo —que incluye intervención policial, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación— y exigirá el pago a los adultos responsables. Incluso se prevé avanzar por vía judicial en caso de incumplimiento.
Desde el Gobierno aclararon que el monto no será fijo, sino que dependerá de la magnitud de cada despliegue. En algunos casos, estos operativos implican evacuaciones, cortes de calles y la movilización de recursos especializados.
La medida se da en un contexto de múltiples amenazas registradas en escuelas de Córdoba y otras provincias, muchas vinculadas a mensajes virales o retos difundidos en redes sociales. Estos episodios obligaron a suspender clases y activar protocolos de seguridad en distintos establecimientos.
El fenómeno cobró mayor relevancia tras el tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno mató a otro y dejó varios heridos, lo que generó una fuerte preocupación social y llevó a reforzar medidas preventivas en todo el país.
Con esta decisión, Córdoba se suma a otras jurisdicciones que buscan endurecer las sanciones frente a amenazas escolares, en un intento por frenar un problema que crece y que ya tiene consecuencias judiciales y económicas para las familias involucradas.