Política > Causa Vialidad
Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para reclamar ante la ONU
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que incorporó a su defensa internacional al jurista brasileño Rafael Valim, reconocido por haber integrado el equipo que representó a Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato.
POR REDACCIÓN
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que contrató al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los abogados que participó en la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa Lava Jato, para impulsar un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la condena que recibió en la causa Vialidad.
La presentación será realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y forma parte de la estrategia internacional con la que la exmandataria busca cuestionar el fallo que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El anuncio fue realizado mediante una columna publicada en medios internacionales, entre ellos El País de España, titulada "Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia". Allí informó que Valim encabezará la estrategia junto al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego.
"Para conducir esta etapa internacional de mi defensa, convoqué a dos juristas extranjeros de reconocida autoridad: Rafael Valim, prestigioso jurista brasileño con destacada actuación ante tribunales internacionales, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", escribió la expresidenta.
Según explicó, ya presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que el organismo analice si durante su juzgamiento fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por la Argentina.
En su publicación, Cristina Kirchner volvió a cuestionar el accionar de la Justicia argentina, afirmó que fue sometida a un proceso plagado de arbitrariedades y sostuvo que es víctima de una persecución política y judicial. Además, reiteró que la condena constituye un mecanismo de "proscripción" destinado a impedir su participación en la vida política.
La expresidenta también insistió en su inocencia y aseguró que continuará utilizando todas las herramientas previstas por el derecho internacional para impugnar la sentencia. "No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino", concluyó.