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DDenunciaron a la jueza que suspendió la ley de imputabilidad a los 14 años en Buenos Aires
La asociación civil Usina de Justicia acusó a Marta Elba Pascual de usurpación funcional y abuso de autoridad.
POR REDACCIÓN
La polémica por la nueva edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo judicial. La jueza Marta Elba Pascual fue denunciada penalmente luego de suspender durante 60 días la aplicación del régimen que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La presentación fue realizada por la asociación civil Usina de Justicia, que la acusó de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, había hecho lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de libertad. La medida suspendió temporalmente la implementación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.
El argumento de la denuncia
Usina de Justicia cuestionó que una magistrada pueda suspender los efectos de una ley penal de fondo aprobada por el Congreso Nacional. Según la asociación, la resolución es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho” porque vulneraría la división de poderes y constituiría un supuesto abuso de autoridad.
La entidad también sostuvo que la jueza fundamentó su decisión sobre un escenario hipotético, vinculado a un eventual incremento de adolescentes privados de libertad y a posibles vulneraciones de derechos. Para los denunciantes, no existiría una lesión concreta ni un peligro inminente que justificara la suspensión.
Otro de los cuestionamientos apunta al alcance de la medida. Usina de Justicia afirmó que durante los 60 días de suspensión los adolescentes de 14 y 15 años quedarían en una situación diferente respecto del resto del país y consideró que la decisión podría ser “equiparable al dictado de alguna especie de amnistía de manera impropia”.
Qué establece el nuevo régimen
La nueva normativa fija en 14 años el límite de imputabilidad penal y establece, al mismo tiempo, restricciones específicas para las penas aplicables a adolescentes. Entre ellas, según los argumentos expuestos por Usina de Justicia, la prohibición de prisión perpetua y un máximo de 15 años de prisión para personas adolescentes. También contempla medidas y penas alternativas a la privación de la libertad.
La denuncia contra Pascual abre ahora otro frente dentro de la discusión por la implementación del Régimen Penal Juvenil. La controversia ya no se limita a las condiciones del sistema para recibir a adolescentes de 14 y 15 años, sino que también pone bajo discusión hasta dónde puede avanzar un juez para suspender preventivamente una ley sancionada por el Congreso.
La suspensión, además, tiene un plazo de 60 días, mientras la Justicia deberá avanzar sobre los planteos realizados contra la aplicación de la nueva normativa en la provincia.