Judiciales
Decía trabajar como traductora para el Gobierno y no tenía título
Maria Valentina Rampulla aceptó una suspensión de juicio a prueba, tras ser denunciada por el propio Colegio de Traductores por no tener título.
Una joven que se promocionaba en redes sociales y LinkedIn como traductora de idiomas y aseguraba contar con experiencia profesional terminó imputada por usurpación de título, luego de que una investigación impulsada a partir de una denuncia del Colegio de Traductores de San Juan determinara que no contaba con el título habilitante ni matrícula para ejercer.
El caso llegó este jueves a la Justicia y, según explicaron los fiscales, inicialmente la denuncia había sido presentada bajo otra carátula vinculada a la falsificación de documentación pública. Sin embargo, las medidas investigativas permitieron establecer que el hecho investigado podía encuadrarse en la figura de usurpación de título.
La denuncia fue presentada por autoridades del Colegio de Traductores de San Juan, quienes detectaron que la joven realizaba publicaciones en redes sociales y en su perfil laboral de LinkedIn en las que afirmaba ser traductora de idiomas, además de asegurar que había desarrollado tareas y contaba con antigüedad laboral en distintos ámbitos de la provincia.
Ante esta situación, desde el Colegio realizaron una primera constatación y determinaron que la mujer no contaba con un título habilitante en San Juan. A partir de allí, la Unidad Fiscal de Investigación avanzó con distintas medidas para establecer si había obtenido su título en otra provincia o institución educativa.
La propia joven promocionaba que era egresada de la Facultad de la Universidad del Congreso. Sin embargo, al realizar las consultas correspondientes, desde esa institución informaron que no figuraba registrada ni como alumna ni como egresada.
La investigación también permitió establecer que para ejercer legalmente la profesión no alcanza solamente con contar con el título universitario, sino que además se requiere la correspondiente matrícula profesional. En el caso investigado, tampoco se pudo acreditar ninguna de esas dos condiciones.
Qué pudieron comprobar los investigadores
Durante la investigación se recolectaron principalmente evidencias vinculadas con las publicaciones realizadas por la joven, donde promocionaba sus supuestos servicios profesionales y se presentaba como traductora.
Los fiscales aclararon que, hasta el momento, pudieron constatar la publicidad de la actividad y la forma en que la mujer se presentaba profesionalmente, pero no lograron acreditar que efectivamente hubiera realizado trabajos de traducción para terceros.
Con toda la información reunida, la causa fue presentada ante la Justicia para avanzar con la imputación por usurpación de título. Sin embargo, la audiencia no terminó solamente con la formalización de la acusación. Las partes arribaron a una suspensión del proceso a prueba, una salida alternativa al conflicto que contempla una serie de obligaciones para la imputada.
Entre las condiciones impuestas se encuentran la realización de tareas comunitarias, el pago de una reparación simbólica y una prohibición de acercamiento, además de otras reglas de conducta establecidas por la jueza.
El acuerdo tendrá una duración máxima de un año, aunque algunas de las reglas impuestas tendrán plazos específicos inferiores dentro de ese período. De esta manera, la investigación que comenzó a partir de las publicaciones de una supuesta traductora terminó revelando que la joven no contaba con título universitario ni matrícula profesional para ejercer la actividad que promocionaba públicamente.