Defensoría del Pueblo representará a sanjuaninos con discapacidad ante la Justicia

La Defensoría del Pueblo de San Juan evalúa la presentación de un nuevo amparo colectivo a nivel nacional para proteger los derechos de las personas con discapacidad ante los persistentes recortes presupuestarios, la mora en las prestaciones de salud y las reformas normativas que impulsa el Gobierno de Javier Milei. 

La advertencia del organismo provincial se da tras su exposición ante la Cámara de Diputados de la Nación, en un contexto de alta tensión signado por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Poder Ejecutivo y los sucesivos recortes aplicados durante 2026 y la reestructuración del sistema de cobertura asistencial que proyecta establecer la gestión nacional en el próximo presupuesto 2027.

Durante su presentación, la titular del organismo sanjuanino, Florencia Peñaloza, detalló a DIARIO HUARPE el impacto directo que la crisis de financiamiento tiene sobre los usuarios y los prestadores en el ámbito provincial.

“En el informe anual comunicamos a la Cámara de Diputados de la Provincia que el 60% de los casos ingresados en esta Defensoría fueron por salud, y la mayoría por discapacidad. Esto nos llevó a un amparo el año pasado que logró la restitución de pensiones en todo el país”, recordó.

Para darle representatividad a la demanda de prestadores y familias, “lo planteamos por los niños y familias, pero también por los profesionales, equipos técnicos y escuelas que denuncian la falta de pago de prestaciones y la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos”, expuso la funcionaria.

“Vamos a estar a la altura de las circunstancias. Si es necesario acudir nuevamente a la Justicia mediante un amparo colectivo para proteger a las personas con discapacidad, las vamos a acompañar. La discapacidad nunca debe ser moneda de cambio ni se debe naturalizar que se tenga que pelear por un tratamiento o por el derecho a la educación”, concluyó.

ANDIS: entre el ajuste y denuncias de corrupción

El reclamo provincial se enmarca en un escenario de profunda inestabilidad dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El organismo descentralizado ha quedado bajo el foco público tras la renuncia de su último director ejecutivo, en medio de denuncias sobre el incumplimiento de las leyes vigentes y sospechas de irregularidades administrativas.

A este recambio de autoridades se sumaron las acusaciones públicas sobre el presunto pedido de retornos o "coimas" del 3% vinculadas a la tramitación de expedientes y giros de fondos, señalando presuntas influencias políticas dentro del esquema de gestión nacional.

Esta situación derivó en demoras en las auditorías de pensiones no contributivas y en la parálisis de los giros hacia las obras sociales y el programa Incluir Salud.

Fin del Nomenclador Único y ajustes para 2027

La preocupación del colectivo de personas con discapacidad, familias y prestadores se centra en los cambios estructurales que proyecta el Poder Ejecutivo Nacional para el sistema de prestaciones básicas:

Eliminación del Nomenclador Único: El nuevo proyecto oficial busca arancelar de forma diferenciada los servicios de transporte, rehabilitación, educación terapéutica y apoyo. Desde los colegios profesionales advierten que la desregulación del valor único nacional generará un desequilibrio tarifario, dejando a miles de usuarios sin cobertura en las provincias.

Subejecución en 2026 y proyección para 2027: Tras los recortes aplicados en las partidas reales a lo largo de 2026, el debate legislativo sobre la prórroga de la Ley de Emergencia se cruza con las pautas tarifarias planteadas para el Presupuesto 2027, las cuales contemplan techos de gasto que, según las organizaciones del sector, no cubren los costos operativos ni la inflación acumulada de los insumos médicos.