Denuncia penal por exploración de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte

La Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado oficial este 7 de septiembre de 2026, informando que el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno —con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio— presentará una denuncia penal contra diversas empresas petroleras por operar en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. La medida se promueve ante la presunción de que las firmas cuentan con licencias otorgadas por el gobierno del Reino Unido para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, infringiendo la Ley N° 26.659.

La acción judicial alcanza de forma directa a las siguientes compañías y entidades:

• Navitas Petroleum Development & Production Ltd.
• Navitas Petroleum Atlantic United
• JHI Associates Inc.
• Navitas Petroleum LP (en calidad de accionista)
• Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. (en calidad de accionista)

Asimismo, la denuncia penal se dirige contra todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hayan tenido intervención en los hechos punibles. Desde el Ejecutivo nacional se remarcó que esta acción busca proteger los recursos naturales y velar por la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes.

Instrucción al Ministerio de Economía y Presupuesto 2027 

En el mismo comunicado, se detalló que el presidente de la Nación, Javier Milei, firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.

A través de esta directiva, se solicita que en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027 —cuyo plazo de remisión al Honorable Congreso de la Nación vence el próximo 15 de septiembre— se priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos orientados a asegurar la Defensa Nacional y la protección de los intereses soberanos.

Contexto de la iniciativa

La denuncia penal presentada por el Gobierno nacional contra las empresas petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte se enmarca en una ofensiva política y jurídica para endurecer los controles sobre la exploración hidrocarburífera en el Atlántico Sur.

La medida busca aplicar la Ley N° 26.659, la cual prohíbe y sanciona las actividades de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional, alcanzando tanto a operadoras (como Navitas Petroleum y Eco Atlantic) como a sus directivos y accionistas.

Sin embargo, el anuncio generó fuertes cuestionamientos políticos y abrió un debate sobre contradicciones internas en la gestión estatal, impulsado principalmente tras denuncias públicas (como las realizadas desde sectores legislativos por el diputado Maximiliano Ferraro).

El caso de Harbour Energy (ex Premier Oil): Se reveló que la petrolera —previamente inhabilitada en 2013 bajo los términos de la misma Ley 26.659 por operar en Malvinas— logró acceder a importantes beneficios económicos en territorio continental argentino a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), participando con un porcentaje en el proyecto gasífero Southern Energy en Río Negro.

Incompatibilidades legales: La normativa vigente (Ley 26.659) no solo castiga la operación en las islas, sino que estipula la prohibición expresa de que el Estado nacional celebre contratos, otorgue concesiones o beneficios impositivos y económicos a firmas que se encuentren alcanzadas por sanciones o tengan vínculos directos con la explotación ilegal en el archipiélago.

La tensión entre incentivos y soberanía: Mientras la administración central impulsa una causa penal drástica y prioriza fondos para proyectos estratégicos de defensa (como la Base Naval Integrada en Ushuaia), la convivencia de estos beneficios del RIGI con corporaciones de entramados globales complejos expone baches en los controles de elegibilidad, permitiendo que actores con antecedentes en las islas operen simultáneamente en el continente bajo nuevos nombres o estructuras societarias.