Denuncias de cobros a pacientes muertos: allanaron la OSP y la empresa señalada por irregularidades

En la tarde de este martes, agentes policiales y pesquisas judiciales allanaron el edificio de la Obra Social Provincia (OSP) y el local Garder, ubicado en calle 25 de Mayo, en Capital, tras la denuncia de cobros por atenciones no realizadas. Durante el operativo, personal de ambas reparticiones secuestró material informático de las computadoras y documentación de sumo interés para el caso.

Los procedimientos contaron con la supervisión del fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi. El funcionario judicial será el encargado de realizar la investigación penal correspondiente, que se conoció durante la mañana del martes por las presuntas irregularidades que la obra social detectó en algunas prestaciones.

El caso

En medio de la polémica y cruces de declaraciones que se generó, desde la OSP salieron a decir que detectaron que algunos prestadores cobraron por atenciones que no brindaron. En declaraciones a Radio Sarmiento, el fiscal adjunto de Estado, Gastón Orzanco, explicó que han encontrado diferentes presuntas irregularidades que tipificó en, al menos, tres categorías.

El que tal vez reviste mayor gravedad es el caso de las prestaciones que se cobraron por pacientes que ya habían fallecido. Orzanco no dio demasiados detalles, pero dejó entrever que se trató de pacientes que necesitaban alimentación parenteral y que, por su delicado estado, permanecían en una internación domiciliaria.

Otras de las presuntas irregularidades son el hallazgo de las prestaciones informadas como realizadas, pero que son inexistentes. Esto significa que se cobró por atenciones que los profesionales de la salud finalmente no realizaron.

En el tercer tipo de hechos investigados, Orzanco aseguró que se han encontrado prestaciones no llevadas a cabo en la forma contractual prevista. El funcionario explicó que aún no se sabe si es una o más empresas o prestadores individuales que podrían haber incurrido en una irregularidad. Además, agregó que tampoco se conoce el tiempo transcurrido desde la presunta irregularidad.

Ante la pregunta de sospechas contra los empleados de la OSP de que tuvieran algún tipo de participación en estos hechos, manifestó que por el momento no hay nada que haga pensar en esta posibilidad. Asimismo, el abogado explicó que se detectaron las presuntas irregularidades como parte de una auditoría de rutina.

El delito en el que se encuadrarían estas maniobras es el de estafa contra la administración pública, que tiene una escala penal que va desde los dos a los seis años.