Diputados aprobó una nueva ley de Discapacidad con amplio respaldo

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una nueva ley de Discapacidad tras una extensa jornada de negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores. El proyecto obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, y ahora será tratado por el Senado. La iniciativa busca reemplazar el régimen de emergencia vigente, que vence a fin de año, por un sistema permanente que conserve las principales prestaciones y garantías actuales.

El acuerdo se alcanzó luego de que La Libertad Avanza aceptara modificaciones reclamadas por la oposición, en medio de las críticas al ajuste previsto originalmente para el sector en el proyecto de Presupuesto 2027. El texto consensuado dejó de lado esas medidas y ratificó aspectos centrales del sistema de protección para las personas con discapacidad.

Entre los puntos principales, la iniciativa mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y la actualización de las prestaciones por inflación. También conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio, junto con un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.

Otro aspecto relevante es la compatibilidad entre las pensiones y el empleo formal. El proyecto establece que las personas con CUD podrán conservar el beneficio si tienen un trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Además, incorpora garantías de acceso a la cobertura de salud para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad, a través del programa Incluir Salud. También contempla mecanismos de financiamiento específicos y establece que el Estado deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

La propuesta incorpora controles periódicos a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con organismos como Anses, Arca y Renaper. Ante posibles incumplimientos, se podrán suspender preventivamente beneficios, aunque el procedimiento deberá garantizar notificación, derecho a defensa y mecanismos de restitución cuando corresponda.

En relación con las deudas con los prestadores, el proyecto dispone que, si quedan pagos pendientes al momento de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo de 90 días.

Un acuerdo entre el oficialismo y la oposición

La votación reunió el respaldo de Unión por la Patria, el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la mayoría de los bloques provinciales. La izquierda se abstuvo por considerar insuficiente la actualización de las deudas con los prestadores, mientras que diputados cordobeses de distintos espacios votaron en contra al cuestionar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración de la norma.

Durante el debate, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, explicó que las negociaciones buscaron evitar retrocesos en los derechos vigentes. Por su parte, Victoria Tolosa Paz destacó la incorporación de garantías para la cobertura de salud, el empleo formal, el financiamiento y la prevención de bajas arbitrarias.

El acuerdo se produjo después de que el Presupuesto 2027 incluyera cambios que restringían el acceso a las pensiones, eliminaban el CUD como vía directa para obtener el beneficio y establecían incompatibilidades con el trabajo registrado. Esas disposiciones quedaron fuera del proyecto finalmente aprobado.

Con la mayoría de dos tercios alcanzada en Diputados, la iniciativa avanzará ahora al Senado para su tratamiento. Si se convierte en ley, reemplazará el esquema de emergencia por un régimen permanente de protección para las personas con discapacidad.