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Diputados argentinos fueron deportados de Bolivia
Las autoridades bolivianas impidieron el ingreso de una misión humanitaria integrada por legisladores y referentes de derechos humanos.
POR REDACCIÓN
El gobierno de Bolivia impidió el ingreso de una misión internacional que buscaba relevar la situación de los derechos humanos en ese país y deportó a diputados argentinos, dirigentes sindicales y referentes de organismos de derechos humanos que integraban la delegación.
La situación fue confirmada este lunes por la Cancillería argentina a través de un comunicado difundido por el vicecanciller Pablo Quirno, en el que se informó que las autoridades bolivianas decidieron rechazar el ingreso de los integrantes de la denominada Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos.
Según detalló el gobierno boliviano, la delegación había arribado al Estado Plurinacional con el propósito declarado de realizar un relevamiento sobre la situación de los derechos humanos a pedido de legisladores bolivianos. Sin embargo, durante los controles migratorios se habrían detectado inconsistencias entre las condiciones informadas para ingresar al país y las actividades que los integrantes de la misión habían anunciado públicamente.
De acuerdo con la explicación oficial transmitida por Cancillería, las autoridades bolivianas también observaron cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación migratoria vigente. En función de esas observaciones, decidieron no admitir el ingreso de los visitantes y ordenar su retorno a la Argentina.
La medida generó repercusiones debido a que entre los integrantes de la misión había representantes políticos y dirigentes vinculados a organizaciones de derechos humanos. Desde los sectores que impulsaban el viaje sostienen que el objetivo era verificar denuncias sobre presuntas vulneraciones de derechos y reunirse con distintos actores políticos y sociales del país vecino.
La delegación que arribó durante la madrugada al aeropuerto internacional de El Alto estaba integrada por el diputado nacional Juan Marino, referente de Fuerza Patria; Vanina Biassi, legisladora porteña del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda; Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano, integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros representantes.
El episodio ocurre en medio de un contexto político complejo en Bolivia, donde distintos sectores vienen denunciando conflictos institucionales y situaciones vinculadas al respeto de los derechos humanos. Precisamente, la misión tenía como finalidad interiorizarse sobre esas denuncias y elaborar un informe sobre la situación en el país.
No obstante, el gobierno boliviano defendió la decisión argumentando que actuó en ejercicio de sus facultades soberanas para regular el ingreso, permanencia y salida de ciudadanos extranjeros de su territorio.
Con la deportación de la comitiva, el intento de realizar una fiscalización internacional quedó frustrado y sumó un nuevo capítulo de tensión política y diplomática entre los sectores involucrados en la defensa de los derechos humanos y las autoridades bolivianas.