Echaron de la UOM a la mujer que compró el departamento debajo de Cristina Kirchner

La intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) suspendió un convenio con la empresa USEM, vinculada a dirigentes de La Cámpora, y desvinculó del sindicato a María Soledad Calle, accionista y directora de esa compañía. La empresaria cobró notoriedad luego de conocerse que adquirió el departamento ubicado debajo del que ocupa Cristina Kirchner en San José 1111.

La decisión fue adoptada por Alberto Biglieri, interventor de la UOM, con aval judicial y comenzó a regir el 15 de agosto. La medida fue definida como preventiva y destinada a preservar el patrimonio del sindicato mientras avanza una investigación federal sobre el manejo de fondos aportados por los trabajadores.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y apunta a determinar si existieron maniobras de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita. En ese expediente quedó bajo análisis el vínculo entre la UOM y USEM.

Según la información publicada, se estima que la empresa recibía más de $100 millones mensuales provenientes de aportes de unos 200.000 afiliados del sindicato metalúrgico.

Quién es María Soledad Calle

Calle es accionista y directora de USEM y fue empleada de la UOM durante la gestión de Abel Furlán, desplazado de la conducción del gremio. Biglieri ya había decidido apartarla de su puesto en junio pasado.

Su nombre quedó en el centro de la escena luego de que se conociera la compra del departamento ubicado en el primer piso del edificio de San José 1111, justo debajo de la propiedad donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La operación habría sido realizada en agosto de 2025 por USD 189.000.

La empresaria rechazó las acusaciones y negó los roles que se le atribuyen. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder”, aseguró al ser consultada, y sostuvo que actualmente no tiene ningún cargo en la UOM ni es empleada de USEM.

La situación de la UOM, mientras tanto, está atravesada por una intervención judicial. En mayo, la Justicia consideró que el sindicato había quedado sin conducción legal y dispuso una intervención para regularizar su situación institucional.