El Colegio de Magistrados respaldó el accionar de Diego Sanz

El presidente del Colegio de Magistrados de San Juan, Pablo Farina, se refirió a la controversia generada tras el comunicado difundido por Consejo de Fiscalías y Asesorías San Juan (Confias) y las críticas surgidas a partir de la actuación del juez de Garantías Diego Sanz en una audiencia que tuvo amplia repercusión pública.

Según explicó, el pronunciamiento emitido por la entidad que encabeza no tuvo como finalidad responder directamente a Confias ni intervenir en una discusión puntual sobre un caso específico, sino brindar información a la sociedad sobre el funcionamiento del sistema penal acusatorio y el rol que cumplen los jueces de Garantías.

"Consideramos importante poner en contexto cuál es la actuación del juez de Garantías dentro del sistema penal", señaló Farina, quien recientemente asumió la presidencia del Colegio y debió afrontar esta situación en el inicio de su gestión.

Respecto al caso que involucra al juez Diego Sanz y al fiscal Salica, indicó que desde la institución solicitaron al magistrado que explicara los alcances de su actuación. En ese sentido, recordó que todas las audiencias son registradas y que existen mecanismos objetivos para analizar lo ocurrido.

La causa que originó la polémica

El conflicto se desató en el marco de la investigación contra la denominada "banda de los robarruedas", una organización que quedó bajo la lupa judicial por una serie de robos de ruedas de auxilio en distintos puntos de San Juan y que tuvo entre sus víctimas a funcionarios, intendentes y hasta un juez federal. La causa ya acumula varias condenas y abreviados, aunque todavía existen imputados que continúan vinculados al expediente.

La controversia puntual surgió durante una audiencia en la que los imputados Carlos Maximiliano Páez y Nelson Arturo Vivares intentaban acceder a una reparación integral para evitar una condena. Ambos ofrecieron abonar $1.000.000 a cada víctima luego de que la acusación inicial por robo agravado fuera recalificada como hurto simple. Sin embargo, cuando parecía que existía acuerdo entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal, apareció la diferencia de criterios entre el juez Sanz y la fiscal Claudia Salica.

Mientras Salica entendió que no era necesario exigir la presencia de las víctimas para avanzar con la homologación del acuerdo, Sanz sostuvo que debía garantizarse que los damnificados estuvieran debidamente notificados y tuvieran la posibilidad de participar de manera presencial o remota si así lo deseaban. Esa discusión derivó en un fuerte cruce durante la audiencia, una recusación presentada por la fiscal y posteriormente rechazada por el magistrado, además del comunicado institucional emitido por Confias que respaldó la postura del Ministerio Público Fiscal.

El presidente del Colegio sostuvo que el juez actuó conforme a las normas previstas en el Código Procesal Penal y remarcó que la función de un juez de Garantías es velar por el debido proceso y por el respeto de los derechos de todas las partes involucradas.

"El juez debe garantizar tanto los derechos de la víctima como los del imputado", afirmó. En esa línea, explicó que la legislación contempla distintas alternativas para la participación de las víctimas en las audiencias y que corresponde al magistrado asegurar que puedan expresarse o decidir no hacerlo, de acuerdo con su voluntad.

Asimismo, destacó que cuando alguna de las partes considera que una resolución judicial es incorrecta o no se ajusta a derecho, el propio sistema procesal prevé herramientas para cuestionarla o solicitar su revisión ante instancias superiores.

Por ello, consideró que las diferencias sobre decisiones judiciales deben canalizarse a través de los mecanismos institucionales establecidos por la ley y no mediante confrontaciones públicas que puedan profundizar los conflictos.

Farina aclaró además que el comunicado difundido por el Colegio de Magistrados no fue una respuesta directa al documento emitido por Confias, sino una intervención institucional destinada a explicar el alcance de la labor de los jueces de Garantías. En ese sentido, sostuvo que la actuación de Sanz se ajustó a las herramientas que prevé el Código Procesal Penal y que cualquier discrepancia respecto de una resolución judicial debe tramitarse por las vías procesales correspondientes.

Finalmente, reiteró que el objetivo del comunicado fue brindar claridad a la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema acusatorio y el papel que desempeñan los magistrados en la protección de los derechos de todas las partes involucradas, en medio de una polémica que generó un intenso debate dentro del ámbito judicial sanjuanino.