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El fiscal Pollicita puso en duda el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni
La investigación por el patrimonio de Adorni podría continuar por una posible evasión de impuestos, aunque no se descartaron irregularidades fiscales.
POR REDACCIÓN
El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener que Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente durante su paso por la función pública. Por ese motivo, pidió que la causa deje de tramitar como un presunto caso de enriquecimiento ilícito y sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
La decisión no implica el sobreseimiento del exjefe de Gabinete, ya que la Fiscalía advirtió que persisten indicios sobre ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales que habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años. Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá resolver si acepta el planteo y dispone el cambio de fuero.
Por qué Pollicita descartó el enriquecimiento ilícito
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y analizó la evolución patrimonial de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Según el dictamen, no pudo descartarse que el capital cuestionado hubiera sido obtenido antes de su llegada al Poder Ejecutivo.
Uno de los argumentos centrales de la defensa fue que parte de los fondos provenían de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Adorni sostuvo que operó con ocho direcciones de autocustodia, que las compras alcanzaron cerca de 200.000 dólares y que la liquidación de esos activos produjo USD 591.544,61, que luego conservó en efectivo.
La Fiscalía consideró que esa explicación no pudo ser refutada con las pruebas disponibles. Además, señaló que no logró vincular el dinero cuestionado con un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada al ejercicio de un cargo público.
Los gastos y las operaciones bajo análisis
Durante la investigación, la Fiscalía había detectado erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 fueron abonados en efectivo. También identificó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos durante el período investigado.
Entre las operaciones examinadas figuraron la compra de una casa en el country Indio Cuá, las reformas de esa propiedad, la adquisición de un departamento en Caballito, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se habría realizado fuera del sistema bancario o mediante terceros.
La investigación continuará por una posible evasión
Aunque Pollicita consideró que no había elementos suficientes para mantener la hipótesis de enriquecimiento ilícito, detectó posibles irregularidades tributarias vinculadas con bienes e ingresos que no habrían sido declarados durante años. Entre los puntos que deberán analizarse aparecen operaciones con criptomonedas, tenencia de moneda extranjera y diferencias entre información financiera y declaraciones ante organismos públicos.
Por ese motivo, solicitó que la Justicia Penal Económica investigue si existió evasión en los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales. El dictamen también pidió que se analicen las conductas de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, del contratista Matías Tabar y la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
El próximo paso dependerá de la decisión del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta la declinatoria de competencia y remite el expediente al fuero penal económico.