El Gobierno apelará la multa por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional confirmó este miércoles 14 de octubre que apelará la decisión del juez federal Martín Cormick, quien impuso una multa diaria de $100.000 por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la Casa Rosada cuestionaron duramente al magistrado y lo acusaron de mantener vínculos con La Cámpora, en medio de una nueva escalada del conflicto por los fondos destinados a las universidades públicas.

La decisión del Ejecutivo apunta a dejar sin efecto la sanción económica y sostener su posición frente al fallo judicial que ordenó aplicar la normativa. En este contexto, funcionarios nacionales lanzaron fuertes críticas contra Cormick, a quien señalaron por sus antecedentes políticos.

"Es un magistrado que recurrentemente ha fallado en contra del gobierno del presidente Javier Milei y de todos los argentinos", expresaron desde la Casa Rosada.

Además, fuentes oficiales aseguraron que el juez "tiene pasado y amigos en La Cámpora" y recordaron que anteriormente había intentado declarar nulo el protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno.

"El extitular de la Inspección General de Justicia se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo y ejerció como síndico general del PAMI en la gestión de la camporista y actual diputada nacional Luana Volnovich", manifestaron desde el oficialismo.

La respuesta de las universidades tras la multa al Gobierno

En contraposición a la postura oficial, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, celebró la decisión judicial y consideró que constituye un avance en el reclamo por el cumplimiento de la ley.

"Es muy importante como antecedente en el proceso judicial que sigue su curso y ratifica que la ley no se está cumpliendo", sostuvo Bartolacci.

El titular del organismo explicó que las universidades habían advertido al magistrado sobre el vencimiento del plazo establecido para aplicar la medida cautelar, sin que se hubiera concretado su cumplimiento.

"Nosotros habíamos notificado desde el CIN al juez que había vencido el plazo y no se había cumplido, por lo que habíamos solicitado se apliquen las multas correspondientes", señaló.

Asimismo, destacó que la resolución establece responsabilidades específicas y advirtió que el conflicto todavía no está resuelto.

"Hay que seguir, porque el proceso judicial continúa, pero es un paso muy importante que valoramos", expresó el representante universitario, quien insistió en la necesidad de garantizar la aplicación de la normativa.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en 2025 y posteriormente ratificada por ambas cámaras tras el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, el Ejecutivo condicionó su implementación a la asignación de recursos presupuestarios, decisión que abrió una disputa judicial con las universidades nacionales.

La normativa contempla la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para el funcionamiento del sistema universitario público.

El juez Cormick ya había ordenado avanzar con su aplicación y, ante la falta de cumplimiento total que consideró acreditada, dispuso una sanción económica diaria.

Con la nueva apelación anunciada por el Gobierno, el conflicto continuará en el ámbito judicial, mientras las universidades mantienen sus reclamos por la actualización de los fondos y el cumplimiento efectivo de la ley.