El Gobierno apeló el fallo que le dio cinco días por financiamiento universitario

El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que le había otorgado un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación busca que la Cámara en lo Contencioso Administrativo revise la decisión del juez Martín Cormick, en medio de la disputa por las partidas destinadas a las universidades públicas. 

La Casa Rosada sostiene que ya avanzó con las medidas necesarias para dar cumplimiento a la cautelar vigente. Entre ellas, el Ejecutivo dispuso una actualización salarial del 3% para docentes universitarios, aunque los gremios rechazaron ese incremento y sostienen que la recomposición necesaria es mayor. 

El conflicto judicial se originó a partir de la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma contempla actualizaciones salariales para docentes y no docentes y la recomposición de programas de becas estudiantiles. 

La cautelar continúa vigente

La discusión ya había llegado a la Corte Suprema. En junio, el máximo tribunal rechazó un recurso del Estado nacional y dejó firme la cautelar vinculada con dos artículos de la ley, relacionados con salarios y programas estudiantiles. Posteriormente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal devolvió el expediente a primera instancia para continuar con su ejecución. 

Desde el Gobierno sostienen que las transferencias y aumentos dispuestos permiten cumplir con la resolución judicial. Las universidades y los gremios, en cambio, cuestionan esa interpretación y mantienen diferencias respecto del monto necesario para recomponer los salarios y garantizar los recursos establecidos por la normativa. 

Ahora será la Cámara la que deberá analizar la apelación presentada por el Ejecutivo contra la intimación dictada por Cormick.

El conflicto por los fondos universitarios

La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales lleva varios meses y combina reclamos judiciales, negociaciones salariales y discusiones presupuestarias.

En agosto, Cormick había convocado al Gobierno y a representantes universitarios a una audiencia para intentar acercar posiciones. El Consejo Interuniversitario Nacional sostuvo entonces que debía cumplirse de inmediato con la cautelar, mientras el Ejecutivo defendió las medidas adoptadas hasta ese momento.