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El Gobierno de Milei confirmó que eliminó más de 81.000 empleos públicos
Funcionarios nacionales detallaron en Diputados la reducción del empleo público desde 2023. Aseguraron que los cambios generan un ahorro permanente para el Estado.
POR REDACCIÓN
El Gobierno de Javier Milei confirmó que desde diciembre de 2023 se eliminaron 81.108 puestos de trabajo en el Estado nacional, lo que representa una reducción del 16% de la planta de personal. Las cifras fueron presentadas este martes 27 de octubre por funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado durante una exposición en la Cámara de Diputados, donde defendieron los recortes y aseguraron que las medidas permiten reducir de manera permanente el gasto público.
La presentación se desarrolló ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, en el marco del debate por el Presupuesto 2027. Participaron Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, ambos integrantes de la cartera que conduce Federico Sturzenegger.
Durante su intervención, Fariña explicó que la administración nacional atravesó una reorganización que incluyó la eliminación de empleos, organismos y cargos jerárquicos. "Después de tres años tenemos un Estado que es mucho más chico del que recibimos en 2023", sostuvo el funcionario.
Además, señaló que la política oficial no busca únicamente reducir la cantidad de trabajadores, sino también modificar las responsabilidades y el funcionamiento de la administración pública. En ese sentido, aseguró que "el ahorro es permanente".
Menos ministerios, organismos y cargos jerárquicos
Los funcionarios detallaron que la estructura del Poder Ejecutivo sufrió importantes modificaciones desde el inicio de la gestión libertaria. En diciembre de 2023 había 18 ministerios, mientras que actualmente funcionan ocho.
La reducción también alcanzó a los cargos de autoridades superiores, que incluyen ministros, secretarios y subsecretarios. Según los datos oficiales, pasaron de 307 a 192, una disminución cercana al 40% que representa un ahorro estimado de $15.000 millones anuales.
En paralelo, los puestos jerárquicos de la administración central disminuyeron de 2.476 a 1.994. Esta modificación implicó la eliminación de aproximadamente 500 cargos y una cantidad similar de áreas administrativas.
De acuerdo con Fariña, esa reorganización permite ahorrar otros $35.000 millones por año en salarios de funcionarios.
Por otra parte, la cantidad de organismos nacionales pasó de 117 a 91, lo que representa una reducción del 22%.
Casi 20.000 empleos menos durante 2026
En relación con la planta de trabajadores estatales, el secretario de Transformación del Estado indicó que durante los primeros nueve meses de 2026 se eliminaron cerca de 20.000 puestos.
La mayor parte de las bajas se concentró en el personal civil de la Administración Pública Nacional. También se registraron reducciones en empresas y organismos estatales.
Como parte de este proceso, el Gobierno implementó programas de retiros voluntarios en distintas dependencias. Según las cifras presentadas ante Diputados, 6.254 trabajadores aceptaron desvincularse mediante esta modalidad.
Entre los organismos que registraron adhesiones se encuentran ANSES, PAMI, Corredores Viales, el INTA y Vialidad Nacional.
Desde el Ejecutivo explicaron que los cambios respondieron a la eliminación de áreas consideradas duplicadas, la reorganización de funciones y la posibilidad de transferir determinadas responsabilidades a provincias, municipios o al sector privado.
El debate por el Presupuesto 2027
La presentación se realizó mientras el oficialismo busca avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.
Durante la reunión, los representantes del Ministerio de Desregulación defendieron el impacto fiscal de las reformas y sostuvieron que la reducción de la estructura estatal permitirá mantener menores niveles de gasto en los próximos años.
Por su parte, legisladores de la oposición plantearon interrogantes sobre el alcance de los recortes y el tamaño de la propia cartera encargada de implementar la reorganización.
Mientras el Gobierno sostiene que las medidas permiten mejorar la eficiencia administrativa, sectores sindicales cuestionan la pérdida de puestos de trabajo y advierten sobre sus posibles consecuencias en la prestación de servicios públicos.