El Gobierno de San Juan aseguró que la UTA no notificó el paro de colectivos

El Gobierno de San Juan aseguró que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no notificó formalmente la medida de fuerza que dejó este miércoles a gran parte del servicio de colectivos interrumpido en la provincia.

El planteo fue realizado por el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, durante una entrevista con Radio Sarmiento, donde explicó que desde el área de Transporte no recibieron una comunicación oficial sobre la retención del servicio.

"Nosotros de Transporte no teníamos la comunicación", afirmó el funcionario al ser consultado sobre la medida. Según explicó, para llevar adelante este tipo de acciones deben cumplirse determinados procedimientos y realizarse la comunicación correspondiente ante la Subsecretaría de Trabajo.

La falta de notificación, de acuerdo con la explicación de Molina, es uno de los aspectos que el Gobierno deberá evaluar ante la interrupción del servicio. El funcionario diferenció además las competencias de las distintas áreas estatales: mientras Transporte tiene a su cargo controlar que las empresas cumplan con la prestación, el conflicto entre trabajadores y empleadores corresponde al ámbito laboral.

Qué dijo el Gobierno sobre la medida

Molina calificó la interrupción como una medida "intempestiva" y señaló que la falta de comunicación impidió contar con previsibilidad para organizar la prestación y anticipar el impacto sobre los pasajeros.

Según explicó, las unidades estaban diagramadas para prestar el servicio, pero la mayoría no salió a la calle. "Han salido algunas, muy pocas, la inmensa mayoría no ha salido", sostuvo.

Para el funcionario, esta situación generó un perjuicio directo sobre los usuarios, que se encontraron con la falta de colectivos durante las primeras horas de la mañana.

El secretario de Transporte también remarcó que en otras oportunidades las medidas de fuerza habían sido comunicadas con anticipación, lo que permitía adoptar previsiones para reducir el impacto sobre los pasajeros. En este caso, aseguró que esa comunicación no se produjo desde el área que conduce.

El reclamo salarial

La medida de fuerza está relacionada con un reclamo de los trabajadores por el pago de una nueva escala salarial. Molina reconoció que el Gobierno tenía información sobre la existencia de un acuerdo salarial firmado entre las partes y que, aparentemente, no se habría cumplido con el pago correspondiente.

"Había por parte del sector empresarial un acuerdo salarial firmado", señaló, y agregó que si ese acuerdo fue firmado "tiene que respetarlo y también tiene que hacerlo cumplir".

De esta manera, desde el Gobierno diferenciaron el origen del conflicto de la forma en que se concretó la interrupción del servicio. El reclamo salarial deberá ser abordado en el ámbito correspondiente entre el sector empresarial y el gremio, mientras que el Estado provincial analiza el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la prestación del transporte público.

Qué puede pasar ahora

Molina indicó que, ante una afectación del servicio, existen herramientas previstas por la normativa, entre ellas sanciones económicas y multas. También señaló que los incumplimientos pueden quedar registrados como antecedentes para futuras evaluaciones relacionadas con la continuidad de las concesiones.

En cuanto a la UTA, el funcionario aclaró que la Secretaría de Transporte no interviene directamente en la relación laboral con el gremio. Esa cuestión corresponde a la Subsecretaría de Trabajo, que deberá determinar si se cumplieron los procedimientos previstos para la adopción de la medida.

Mientras tanto, el Gobierno deberá definir cómo avanzar frente a la interrupción del servicio y qué medidas adoptar para garantizar que las empresas cumplan con la prestación. La duración de la retención también permanecía como un punto de incertidumbre, ya que inicialmente se había señalado que el servicio se normalizaría a las 8, aunque durante la mañana no estaba garantizado que ello ocurriera.