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El Gobierno modificó el protocolo para actuar ante amenazas en escuelas
El Ministerio de Seguridad de la Nación actualizó los protocolos de actuación de las fuerzas federales frente a ciberdelitos y amenazas de violencia masiva en establecimientos educativos.
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Seguridad de la Nación modificó los protocolos de actuación de las fuerzas federales para investigar ciberdelitos y amenazas de violencia masiva difundidas a través de redes sociales, especialmente aquellas dirigidas contra establecimientos educativos.
La medida fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 725/2026, publicada en el Boletín Oficial, y responde al incremento de casos de amenazas realizadas en plataformas digitales que, según el Gobierno, requieren una respuesta preventiva más rápida por parte de las fuerzas de seguridad.
La nueva normativa ratifica que el personal policial debe ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y mantiene la prohibición de tratar datos sensibles o publicaciones realizadas por niñas, niños y adolescentes sin autorización judicial.
No obstante, establece una serie de excepciones que habilitan la continuidad de las tareas preventivas cuando existan riesgos concretos e inminentes.
Entre esos casos se incluyen situaciones en las que exista riesgo para la vida del menor, indicios de que se encuentra desaparecido, fugado o en situación de desamparo, evidencias de conductas autolesivas o suicidas, o cuando sea presunta víctima de un delito cometido en tiempo real a través del espacio cibernético.
La resolución también contempla como excepción los casos en que existan indicios fundados de riesgo para la vida o la integridad física de otras personas menores de edad, incluyendo amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en escuelas u otros espacios de concurrencia pública, independientemente de que el menor involucrado sea víctima o presunto autor.
Según el texto oficial, el objetivo es dotar a las fuerzas policiales y de seguridad federales de herramientas operativas que permitan actuar con mayor eficacia ante situaciones de urgencia, sin dejar de respetar las garantías previstas por la legislación vigente.
Además, la resolución establece que cada vez que se aplique una de estas excepciones, el personal interviniente deberá dejar constancia detallada de los motivos en el libro de registro correspondiente y comunicar de manera inmediata la actuación a la autoridad responsable.