El Gobierno postergó cubrir las vacantes de la Corte Suprema y la Procuración

El Gobierno nacional decidió no avanzar durante este año con la cobertura de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia ni con la definición del próximo procurador general de la Nación.

La Casa Rosada resolvió concentrar la agenda judicial de los próximos meses en la cobertura de cargos de instancias inferiores y en los pliegos que ya se encuentran en el Congreso.

La decisión implica que las vacantes de los máximos organismos de la Justicia nacional quedarán, en principio, para 2027. 

La prioridad estará puesta en los jueces de instancias inferiores

El Ejecutivo considera prioritario avanzar con la gran cantidad de cargos vacantes que existen en el Poder Judicial.

La estrategia ya había sido planteada durante el año, cuando el Gobierno puso el foco en cubrir más de 300 vacantes judiciales y dejó en segundo plano las designaciones para la Corte Suprema y la Procuración.

En ese marco, la Casa Rosada pretende avanzar con los pliegos de jueces que requieren acuerdo del Senado y también prevé enviar candidatos para ocupar juzgados electorales.

El oficialismo asegura además contar con los votos necesarios para aprobar los pliegos de Bertuzzi y Yadarola. 

La Corte continuará con vacantes

La decisión del Gobierno implica que la composición del máximo tribunal continuará sin resolverse de manera definitiva durante lo que queda de 2026.

La Casa Rosada había intentado avanzar previamente con la designación de nuevos integrantes, pero las negociaciones con la oposición no permitieron alcanzar los acuerdos necesarios.

A comienzos de año, el Ejecutivo había previsto retomar esas conversaciones durante marzo con el objetivo de cubrir las vacantes y avanzar también con decenas de cargos pendientes en el sistema judicial. 

Ahora, el Gobierno decidió cambiar el orden de prioridades y dejar la discusión de la Corte para más adelante.

También queda pendiente el procurador

La misma estrategia se aplicará para la Procuración General de la Nación, cuyo cargo permanece sin una definición política.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa funcionando con una estructura que mantiene vacantes en distintos niveles. De hecho, durante 2026 se realizaron convocatorias para cubrir cargos dentro de la Procuración y fiscalías federales. 

La definición del procurador general requiere también un acuerdo político en el Senado, por lo que el Gobierno optó por no abrir durante este año otra negociación de alto impacto institucional.

Una agenda judicial concentrada en cargos inferiores

Con esta decisión, el Ejecutivo buscará enfocar sus esfuerzos en cubrir los cargos de jueces, fiscales y defensores que permanecen vacantes en distintos puntos del país.

El Gobierno considera que avanzar con esas designaciones permitiría atender una de las principales dificultades que enfrenta actualmente el sistema judicial.

La discusión por la Corte Suprema y la Procuración, en cambio, quedará pendiente y volverá a formar parte de la agenda política cuando el oficialismo considere que existen mejores condiciones para alcanzar los acuerdos necesarios en el Congreso.