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El Gobierno postergó el fondo para indemnizaciones y demoró el acceso al dinero
El Gobierno postergó un mes la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral y amplió de seis meses a un año el plazo durante el cual el dinero deberá permanecer invertido.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional modificó el cronograma de implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo previsto en la reforma laboral para financiar indemnizaciones por despido. Según lo establecido por decreto, el sistema comenzará a funcionar en diciembre, en lugar del 1 de noviembre previsto inicialmente, y los recursos acumulados no podrán utilizarse durante el primer año.
La decisión fue oficializada este martes en el Boletín Oficial e incluyó un cambio en el período de carencia de los fondos. La normativa original contemplaba seis meses de espera antes de que las empresas pudieran retirar el dinero para afrontar indemnizaciones o pagos derivados de juicios laborales. Con la modificación, ese plazo se extendió a 12 meses.
De esta manera, las compañías comenzarán a realizar los aportes al nuevo esquema, pero deberán mantener esos recursos invertidos durante un año antes de poder utilizarlos. En consecuencia, durante 2027 no podrán recurrir al FAL para cubrir esas obligaciones y tendrán que afrontarlas con fondos propios.
Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral
El FAL fue establecido en el marco de la reforma laboral y contempla aportes obligatorios para las empresas que tienen trabajadores en relación de dependencia. El mecanismo busca constituir fondos destinados a cubrir los costos de indemnizaciones y determinadas obligaciones laborales.
El esquema prevé que una parte de las contribuciones patronales deje de destinarse a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y se canalice hacia estos fondos. Según lo detallado en la reglamentación, las alícuotas serán del 2,5% para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y del 1% para las grandes compañías.
Los recursos deberán invertirse en instrumentos financieros autorizados, entre ellos bonos del Ministerio de Economía y acciones de empresas seleccionadas. Las estimaciones citadas en la información oficial calculan que, una vez que el sistema alcance su funcionamiento pleno, podría canalizar alrededor de US$ 2.000 millones hacia el mercado de capitales.
El Gobierno argumentó que la extensión del período inicial permitirá que los fondos acumulen un patrimonio suficiente antes de habilitar los retiros. El decreto señala que la implementación gradual apunta a verificar el funcionamiento del sistema y corregir posibles errores, inconsistencias o demoras, además de preservar la solvencia y la liquidez de los recursos.
El impacto en las empresas y en la Anses
Durante el período de carencia, las empresas deberán continuar pagando las indemnizaciones y los compromisos derivados de litigios laborales con sus propios recursos, aunque ya estén realizando aportes al FAL.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que los empleadores aportarán al fondo sin poder utilizarlo durante esa etapa. Sin embargo, señaló que, salvo situaciones puntuales, los montos destinados al mecanismo se descontarán de las contribuciones patronales, por lo que no representarían un costo económico adicional para las compañías.
Por su parte, Leonardo Pirolo, director de Capital Markets de TMF Group, consideró que la postergación permitirá ordenar el ingreso de los aportes y facilitar la implementación de los productos financieros vinculados con el sistema. También indicó que las contribuciones comenzarán a efectivizarse a partir de enero, bajo un nuevo período fiscal.
El cambio también tendrá consecuencias para las cuentas previsionales. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía incluidas en el Presupuesto 2027, la derivación de parte de las contribuciones patronales al FAL representaría para la Anses un costo fiscal cercano al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.
Con la modificación del cronograma, el Gobierno busca dar más tiempo para consolidar los fondos antes de habilitar su utilización. Mientras tanto, las empresas deberán seguir afrontando con recursos propios los costos de despidos y los pagos judiciales durante 2027.