El intendente de Calingasta denunció un faltante de $108 millones en la Municipalidad

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, confirmó que la Municipalidad denunció ante la UFI Delitos Especiales un faltante de $108.463.580,03, detectado a partir de una auditoría contable sobre los ejercicios 2023 y 2024. La causa fue caratulada provisoriamente como peculado y ya tuvo una audiencia de formalización ante el juez de Garantías Sergio López Martí.

En declaraciones a Radio Sarmiento, Carbajal explicó que la irregularidad surgió durante una revisión realizada por el contador municipal mientras se preparaban los balances para presentar ante el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Según detalló, se detectaron $52.995.746,12 correspondientes a 2023 y $55.466.824,71 de 2024.

“Necesito saber dónde está este dinero, porque este dinero no es mío, este dinero es de cada habitante de Calingasta”, sostuvo el jefe comunal.

La extesorera fue apartada

Tras detectar la inconsistencia, el municipio pidió a la entonces tesorera, Marta Noelia Campos, documentación que permitiera justificar el destino de los fondos. De acuerdo con Carbajal, las respuestas fueron insuficientes y hubo demoras en la entrega de comprobantes, por lo que se avanzó con una auditoría y luego con la denuncia judicial.

Campos fue apartada de Tesorería y trasladada a otra dependencia municipal. El intendente aclaró que continúa trabajando porque es empleada de planta permanente, aunque ya no tiene funciones vinculadas al manejo de fondos.

Un posible “robo hormiga”

Carbajal explicó que el faltante estaría vinculado con fondos de la recaudación municipal cobrados a través de San Juan Servicios. Esos pagos se acumulan y luego son depositados en cuentas del municipio, pero la auditoría detectó que una parte no podía ser justificada con los registros disponibles.

El intendente sostuvo que no se trató de una extracción única, sino de operaciones sucesivas que habrían permitido acumular el faltante. Ante una consulta periodística, definió el mecanismo como un posible “robo hormiga”.

“No es que este importe se llevaba todo junto, sino que es de un goteo de pagos que se han ido haciendo y que en todo este tiempo ha llegado a ser esta semejante cifra”, explicó.

La investigación podría retroceder a años anteriores

Aunque los montos detectados corresponden a 2023 y 2024, Carbajal sostuvo que la investigación podría avanzar sobre períodos anteriores. “Yo creo que acá van a ir más o menos hasta el 2021/2022”, afirmó.

También vinculó la posible continuidad del mecanismo con la gestión anterior, encabezada por Jorge Castañeda, aunque remarcó que será la Justicia la que determine responsabilidades. Consultado sobre la posibilidad de que haya otros funcionarios involucrados, respondió: “Yo creo que sí, Juan”.

En la audiencia realizada el miércoles se fijó un plazo de un año para la investigación. La causa seguirá bajo análisis de la UFI Delitos Especiales para determinar qué ocurrió con los fondos, si existió una apropiación indebida y quiénes podrían resultar responsables.