El intendente de Calingasta denunció un faltante de $108 millones en la Municipalidad

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, confirmó que la Municipalidad denunció ante la UFI Delitos Especiales un faltante de fondos que asciende a $108.463.580,03, detectado a partir de una auditoría contable sobre los ejercicios 2023 y 2024. La causa fue caratulada como peculado y ya tuvo una audiencia de formalización ante el juez de Garantías Sergio López Martí.

Según explicó en declaraciones a Radio Sarmiento, la irregularidad fue advertida durante una revisión de rutina realizada por el contador del municipio, en el marco de la preparación de los balances que deben ser presentados ante el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas de San Juan.

El jefe comunal detalló que se detectaron $52.995.746,12 correspondientes a 2023 y $55.466.824,71 de 2024, que en conjunto representan el monto denunciado.

“Necesito saber dónde está este dinero, porque este dinero no es mío, este dinero es de cada habitante de Calingasta”, sostuvo Carbajal durante la entrevista.

La extesorera fue apartada

El intendente señaló que, una vez detectada la inconsistencia, se solicitó a la entonces tesorera municipal, Marta Noelia Campos, que presentara documentación y comprobantes que permitieran justificar el destino de los fondos.

De acuerdo con el relato de Carbajal, las respuestas fueron consideradas insuficientes y se produjeron demoras en la entrega de documentación. Ante esa situación, el Ejecutivo municipal decidió avanzar con una auditoría contable y posteriormente realizar la denuncia judicial.

La extesorera fue separada de su función en Tesorería desde el momento en que se detectó el faltante y trasladada a otra dependencia municipal. Carbajal explicó que continúa trabajando debido a que es empleada de planta permanente, pero ya no tiene funciones relacionadas con el manejo de fondos.

Un faltante vinculado a la recaudación municipal

Carbajal explicó que la investigación está relacionada con fondos provenientes de la recaudación que los vecinos realizan mediante San Juan Servicios.

Según detalló, los pagos efectuados por los usuarios son acumulados y posteriormente trasladados semanalmente al banco para su depósito. La auditoría habría detectado que parte de esos fondos que debían ingresar a las cuentas municipales no podía ser justificada mediante los registros disponibles.

El intendente sostuvo que no se trató de una extracción única por el monto total, sino de un mecanismo que habría permitido acumular el faltante mediante operaciones sucesivas. Ante una consulta periodística, definió el mecanismo como un posible “robo hormiga”.

“No es que este importe se llevaba todo junto, sino que es de un goteo de pagos que se han ido haciendo y que en todo este tiempo ha llegado a ser esta semejante cifra”, explicó.

Los fondos, según el jefe comunal, correspondían a Rentas Generales y estaban vinculados a distintos servicios municipales.

La investigación podría extenderse hacia atrás

Aunque los montos detectados corresponden a los ejercicios 2023 y 2024, Carbajal señaló que la investigación podría revisar períodos anteriores para determinar si la presunta maniobra comenzó antes.

El intendente vinculó temporalmente la posible continuidad del mecanismo con la gestión municipal anterior, encabezada por Jorge Castañeda, aunque aclaró que será la Justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades.

“Yo creo que acá van a ir más o menos hasta el 2021/2022”, afirmó Carbajal al referirse a la posibilidad de ampliar la auditoría.

También sostuvo que podrían existir otras personas involucradas en caso de comprobarse que la extesorera actuó con conocimiento o colaboración de otras autoridades de la administración anterior. “Yo creo que sí, Juan”, respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de que existan funcionarios de esa gestión implicados.

La Justicia tendrá un año para investigar

Durante la audiencia realizada el miércoles, la Justicia determinó un plazo de un año de investigación para avanzar en el análisis de la documentación y profundizar la auditoría.

Carbajal destacó que el trabajo deberá determinar el destino de los fondos y establecer las responsabilidades correspondientes. También sostuvo que, por las características del análisis realizado, considera poco probable que el monto detectado aumente significativamente, aunque será la investigación judicial la que determine el alcance definitivo de la causa.

El expediente se encuentra bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, con la calificación provisoria de peculado.

Carbajal defendió su política de transparencia

El intendente sostuvo que la denuncia forma parte de una política de transparencia que, según afirmó, implementó desde el inicio de su gestión.

En ese sentido, mencionó otras irregularidades que, según sus declaraciones, fueron denunciadas durante su administración y destacó la creación de una oficina de Patrimonio para registrar los bienes municipales.

“El día que yo entregue la intendencia, le voy a entregar a quien me reciba un contenido patrimonial que va desde un celular de mínimo costo a un vehículo muy elevado costo”, afirmó.

Carbajal también cuestionó la situación patrimonial con la que, según dijo, recibió el municipio y aseguró que continuará impulsando investigaciones sobre posibles irregularidades de gestiones anteriores.

Por el momento, la causa deberá avanzar con el análisis de la documentación contable y administrativa para determinar qué ocurrió con los $108,4 millones denunciados, si existió efectivamente una apropiación indebida de fondos públicos y quiénes podrían resultar responsables.