Política > Proyecto de reforma
En el proyecto del IPV, las casas sólo puedan entregarse por sorteo
La iniciativa establece el sorteo público como mecanismo general y crea un registro digital de beneficiarios con acceso ciudadano.
Por Marcos Ponce
El proyecto de reforma de la ley del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) propone modificar el mecanismo utilizado para entregar soluciones habitacionales y establece al sorteo público como regla general.
La iniciativa plantea que los beneficios habitacionales sean otorgados mediante sorteos con la presencia de un escribano del organismo. Antes de participar, cada familia tendrá un puntaje asignado de acuerdo con un sistema de evaluación y será incorporada al grupo que corresponda según sus características.
De esta manera, el puntaje dejaría de funcionar como mecanismo directo de adjudicación y pasaría a utilizarse para ordenar y clasificar a las familias que participarán de los sorteos.
El proyecto también contempla excepciones. Los emprendimientos desarrollados con aportes privados y participación de entidades intermedias tendrán una reglamentación específica, aunque deberán reservar un cupo para ser entregado mediante sorteo público.
También se prevén situaciones de extrema vulnerabilidad, emergencias, desastres, catástrofes o riesgo cierto e inminente. En esos casos, el Director del IPV, con el visto bueno del gobernador, podrá otorgar el beneficio sin sorteo, siempre que existan informes técnicos, sociales y jurídicos que fundamenten la decisión.
Otro cambio que plantea la iniciativa es la creación de un Registro Público Digital de beneficiarios del IPV. El sistema deberá ser de acceso libre, gratuito y permanente mediante los canales oficiales del organismo.
El registro deberá incluir la nómina de beneficiarios de cada programa, la fecha en que recibieron el beneficio y el estado del mismo. El proyecto establece que deberán protegerse los datos sensibles y que la información tendrá que actualizarse al menos una vez por año, además de incorporar los cambios que correspondan.
La propuesta, de aprobarse, modificaría así dos aspectos centrales del acceso a la vivienda: cómo se seleccionan los beneficiarios y qué información sobre esas adjudicaciones queda disponible para la sociedad.