El juez Alonso pidió apartar al fiscal de Estado del Jury en su contra

El caso del juez de Jáchal, Javier Alonso, denunciado por la Corte de Justicia por morosidad, sumó un nuevo capítulo. A través de sus  abogados defensores, el magistrado le pidió al Jurado de Enjuiciamiento que aparte al fiscal de Estado, Jorge Alvo, que asumió el rol de acusador y ya anticipó que apuntará sus cañones hacia la destitución. El argumento: que su participación en el proceso es inconstitucional y afecta el debido proceso.

El planteo ingresó este lunes y va dirigido a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, que es el que lleva adelante el proceso de remoción contra Alonso. El juez fue denunciado en abril por la Corte de Justicia, quien pide su destitución por profundas demoras en más de 500 causas, entre ellas muchas con detenidos y otras por violencia de género.

Alonso solicita el apartamiento de Alvo, entendiendo que su participación es inconstitucional. Según Marcelo Fernández, uno de los abogados defensores del magistrado junto a Franco Montes, “la Constitución establece que el fiscal de Estado interviene en procesos judiciales y el Jury está claro que es un proceso de naturaleza política y no jurisdiccional, por lo que no puede tener participación”.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el profesional brindó otro argumento. Aseguró que si bien la ley que le da facultades al fiscal de Estado para tomar parte en un Jury, es cuando hay afectación patrimonial y en este caso, no está de ninguna manera acreditado que el juez Alonso haya perjudicado con su trabajo las cuentas de la provincia”.

Haciendo uso de una reforma que se introdujo a la Ley del Jurado de Enjuiciamiento, Alvo se presentó como acusador en el proceso contra Alonso aduciendo que su morosidad puede disparar el día de mañana planteos de los justiciables por daños y perjuicios contra el Estado. Incluso, en declaraciones a la prensa adelantó que acusará al juez y que solicitará su suspensión mientras dura el Jury.

Ahora, la pelota quedó el tribunal. Si hace lugar al pedido de Alonso, el titular del organismo que defiende los intereses de la provincia no podrá seguir tomando intervención. De lo contrario, podrá materializar sus intenciones de arremeter jurídicamente contra el magistrado, al entender que cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo y que no puede seguir al frente del Juzgado de la Segunda Circunscripción (abarca a Jáchal e Iglesia).

En la denuncia que formuló el mes pasado, la Corte de Justicia se toma de una auditoría que reveló profundas demoras en la tramitación de las causas que tiene a cargo Alonso. Le endilga, como causales de destitución, negligencia, incumplimiento de los deberes a su cargo, morosidad injustificada y mala conducta.

El juez tiene la posibilidad de renunciar y evitar el Jury, pero decidió defenderse y en lugar de seguir adelante con un defensor oficial designó en ese carácter a Fernández y Montes. En el descargo que hizo anteriormente ante el Jurado de Enjuiciamiento, niega rotundamente los cargos y advierte que su juzgado no cuenta con los recursos humanos suficientes y que se lo había planteado al máximo tribunal en febrero.

Mientras el Jurado analiza el nuevo planteo de Alonso, el fiscal de Estado y el fiscal General de la Corte de Justicia, Eduardo Quattropani, evalúan la denuncia y tiene hasta la semana que viene (el primero el 20 de mayo y el segundo el 21) para decidir si acusan a Alonso y lo mandan al banquillo de los acusados en un juicio oral o si entienden que no hay elementos para removerlo y hay que archivar las actuaciones. Alvo ya anticipó cuál será su resolución, en tanto que el titular del Ministerio Público ha preferido no adelantarse y se mantiene en silencio.   

Dato

Técnicamente, los defensores atacan la legalidad de la notificación de parte del Jurado de Enjuiciamiento a Alvo. Sostienen que nunca debió ser notificado, porque su participación en el Jury es inconstitucional.