El juez Martínez de Giorgi apartó a querellantes de la causa $LIBRA

El magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo de la defensa y resolvió apartar a cinco inversores que se desempeñaban como querellantes en la causa vinculada al lanzamiento del token $LIBRA, en la que se investiga la participación del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros involucrados.

La decisión recayó sobre Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes a partir de ahora no podrán intervenir en el expediente ni impulsar medidas de prueba. La investigación continuará bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano.

El fallo del juez dio lugar a la excepción de falta de acción presentada por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli, representado por el abogado Daniel Rubinovich, quien argumentó que los inversores no habían logrado acreditar la condición de “particularmente ofendidos”.

Según esa postura, el avance de la investigación habría desplazado la hipótesis inicial de una estafa vinculada a la compra del token, orientando el expediente hacia posibles delitos contra la administración pública, lo que implicaría un eventual interés colectivo y no individual de los inversores.

En su resolución, Martínez de Giorgi sostuvo que ninguno de los querellantes logró demostrar un perjuicio “real, especial, singular y directo”, requisito indispensable para mantener su intervención como parte acusadora. En ese sentido, remarcó que las pérdidas económicas derivadas de la compra del activo digital no son suficientes por sí solas para acreditar esa condición.

El juez también señaló las dificultades para identificar la titularidad efectiva de las billeteras virtuales utilizadas en las operaciones y explicó que los registros aportados solo permiten constatar transacciones en la blockchain, pero no determinar con certeza quién controlaba los fondos ni el origen del dinero.

Además, indicó que la eventual existencia de otras líneas de investigación, como presuntos pagos o maniobras vinculadas a funcionarios públicos, no convierte automáticamente a los compradores del token en víctimas directas de esos posibles delitos, ya que los bienes jurídicos protegidos serían distintos.

La causa se originó a partir de denuncias presentadas por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, a las que luego se sumaron otras presentaciones, entre ellas la del dirigente Claudio Lozano, que impulsaron la investigación sobre el lanzamiento y promoción del activo digital.

El expediente analiza si el token $LIBRA, promocionado públicamente en febrero de 2025, habría sido parte de una maniobra que permitió el retiro de grandes sumas de dinero desde billeteras vinculadas al proyecto, y si existieron reuniones previas entre funcionarios y empresarios del ecosistema cripto en el marco del denominado Tech Forum.