El kirchnerismo busca restituir la Ley de Tierras y el límite del 15%

Senadores del kirchnerismo y sectores del justicialismo presentaron un proyecto para restablecer la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, y volver a fijar un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en la Argentina. La iniciativa surgió horas después de una decisión de la Corte Suprema que dejó nuevamente sin vigencia esa regulación. 

El proyecto lleva las firmas del jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans; Juliana di Tullio, de Buenos Aires; y Fernando Salino, titular de Justicia Social Federal. Los legisladores argumentaron que la tierra debe ser considerada un recurso estratégico y no solamente un bien sujeto a las reglas del mercado. 

La propuesta busca recuperar la plena vigencia de la Ley 26.737, que había sido derogada por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Una medida judicial había suspendido esa derogación, pero la Corte Suprema resolvió recientemente sobre esa cautelar sin pronunciarse sobre el fondo de la constitucionalidad del decreto. 

Qué establecía la Ley de Tierras

La legislación sancionada en 2011 fijaba que las tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras no podían superar el 15% del territorio correspondiente. Dentro de ese porcentaje, además, las personas o empresas de una misma nacionalidad no podían concentrar más del 30% del cupo extranjero.

También establecía un límite de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo para un mismo titular extranjero, o una superficie equivalente dependiendo de la ubicación y las características productivas de la tierra.

Los senadores que impulsan la restitución sostuvieron que la legislación no impedía la inversión extranjera productiva, sino que buscaba establecer límites a la concentración de tierras. Como parte de sus fundamentos, mencionaron regulaciones existentes en otros países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Francia y Australia. 

El planteo tras la decisión de la Corte Suprema

Mayans, Di Tullio y Salino señalaron que, ante la ausencia de una definición judicial sobre el fondo del DNU, corresponde al Congreso intervenir para establecer nuevamente el régimen mediante una ley.

En sus fundamentos afirmaron que el Poder Legislativo debe definir las reglas relacionadas con el dominio de las tierras y cuestionaron las consecuencias que, según su postura, produce la eliminación de los límites establecidos en 2011.

El debate sobre el régimen de tierras ya había atravesado al Senado semanas atrás. Durante el tratamiento de otra iniciativa sobre propiedad privada, el oficialismo retiró el capítulo que incluía cambios relacionados con la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Ahora, el nuevo proyecto deberá iniciar su recorrido parlamentario. El Senado atraviesa actualmente una semana con poca actividad y todavía no hay una fecha informada para el tratamiento de la iniciativa en comisión.