El secretario de Minería de Nación advirtió sobre los cupos laborales mineros

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, advirtió que los esquemas de empleo local implementados por distintas provincias mineras resultan inconstitucionales, al contravenir principios fundamentales de la Constitución Nacional sobre el libre tránsito, la igualdad ante la ley y la regulación del comercio federal.

La postura oficial irrumpe en momentos en que las principales jurisdicciones con potencial minero vienen endureciendo sus normativas para garantizar que las empresas operadoras y contratistas contraten mano de obra local.

"Ninguna ley provincial ni nacional puede pasar por arriba de los principios constitucionales de igualdad y libertad de contratación", sostuvo Lucero al participar de un evento de Forbes, al fijar la posición del Gobierno frente a los condicionamientos normativos que enfrentan los inversores.

El funcionario remarcó que las exigencias territoriales terminan por distorsionar la competitividad del sector extractivo y atentan contra el desarrollo integral del país. "Si bien entendemos la necesidad de las provincias de generar valor y desarrollo socioeconómico en sus comunidades, imponer cupos rígidos de contratación genera una fragmentación del mercado laboral que no es admisible en un país federal", agregó.

Lucero también advirtió sobre el impacto directo que estas normativas tienen en la atracción de inversiones internacionales. "El inversor busca reglas claras, previsibilidad y, sobre todo, acceso al mejor talento disponible sin discriminación geográfica", afirmó.

El mapa de los cupos en las provincias mineras

En Salta, el marco regulatorio vigente establece que las empresas mineras deben garantizar un mínimo del 80% de mano de obra local en sus plantillas directas e indirectas. Jujuy aplica un esquema similar con exigencias de hasta el 85%. En Catamarca, la legislación local impone que el cupo alcance hasta un 70% como piso, aunque se promueven porcentajes de hasta el 90% para la fase de construcción. Santa Cruz sostiene históricamente la vigencia de la ley de "70/30" para la actividad metalífera.

San Juan: metas, no cupos

La situación de San Juan es diferente. La provincia no tiene una ley que imponga cupos fijos como las mencionadas, sino que establece metas de contratación de mano de obra y proveedores locales. La Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros de San Juan prioriza la contratación de empresas y trabajadores de la provincia, pero sin porcentajes obligatorios que vulneren la libertad de contratación.

El esquema sanjuanino apunta a incentivar la participación local mediante mecanismos de preferencia y puntaje en licitaciones, pero sin caer en cupos rígidos. Esa diferencia podría blindar a la provincia ante eventuales cuestionamientos judiciales como los que anticipó Lucero.

El secretario de Minería puso el foco en la necesidad de reemplazar las imposiciones normativas por esquemas de formación profesional. "La verdadera solución para garantizar el empleo de las comunidades locales es la capacitación técnica continua y el fortalecimiento de la infraestructura educativa, no la imposición de cupos por decreto o por ley provincial", remarcó.

Lucero enfatizó que el marco legal que ofrece el RIGI exige coherencia institucional en todos los niveles del Estado. "Para que el RIGI despliegue todo su potencial y capte los miles de millones de dólares que están pendientes en cobre y litio, las provincias deben alinearse con la legislación nacional y no generar aduanas internas ni restricciones al libre tránsito de profesionales", sostuvo.

El funcionario instó a las autoridades provinciales a entablar un diálogo pragmático que evite un escenario de judicialización. "Debemos sentarnos a una mesa de trabajo junto a las provincias y el sector privado para unificar criterios. La judicialización de estos cupos laborales solo aportaría incertidumbre a un sector que requiere certezas de largo plazo", advirtió.

Lucero ratificó el compromiso del Gobierno nacional con el estricto respeto al texto constitucional como garantía de desarrollo. "La República Argentina es un único mercado unificado. Respetar la Constitución Nacional no es una opción ideológica, es la única garantía real para consolidar la seguridad jurídica que nos transformará en un actor clave de la transición energética global", cerró.