El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal II: qué cambia

El Gobierno nacional consiguió este jueves un nuevo respaldo en el Senado y convirtió en ley la denominada Inocencia Fiscal II. La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales.

La propuesta reemplaza la primera versión de la normativa aprobada a fines de 2025 e introduce modificaciones en el Régimen Simplificado de Ganancias, los criterios utilizados por el fisco para determinar inconsistencias y los beneficios vinculados con la presunción de exactitud de las declaraciones juradas.

Durante el debate, el senador libertario Bruno Olivera defendió la iniciativa y aseguró que apunta a modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes.

“Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, manifestó.

El rechazo quedó concentrado principalmente en el bloque peronista, cuyos 23 integrantes votaron negativamente. Su presidente, José Mayans, cuestionó la iniciativa por considerar que forma parte de la política económica impulsada por el Ejecutivo y la vinculó con un mecanismo permanente de exteriorización de capitales.

Qué cambia con Inocencia Fiscal II

Uno de los puntos centrales está relacionado con el Régimen Simplificado de Ganancias. La normativa establece límites vinculados con los ingresos y el patrimonio para determinar quiénes pueden acceder al esquema.

Entre las modificaciones también aparece una nueva definición de cuándo una diferencia entre lo declarado por una persona y la información en poder del fisco puede ser considerada significativa.

Con la nueva legislación, una diferencia del 15% o superior que no exceda los $5 millones dejará de ser considerada, por sí sola, una discrepancia significativa. La modificación busca evitar que diferencias de montos relativamente bajos disparen procesos de fiscalización.

Otro punto establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a determinados beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el denominado “tapón fiscal”.

Durante la discusión también hubo cuestionamientos sobre las restricciones para acceder al régimen. El senador Fernando Salino propuso extenderlas a familiares de funcionarios y otras personas políticamente expuestas, pero el oficialismo rechazó incorporar modificaciones y el texto fue aprobado sin cambios.

Avanzó el traspaso de competencias judiciales a CABA

En la misma sesión, el Senado aprobó por 44 votos a favor y 21 en contra convenios entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar con el traspaso de la Justicia Nacional de Menores y determinadas competencias penales. Los acuerdos deberán continuar ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados.

El acuerdo contempla que la Ciudad asuma la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18.

También alcanza a adultos que se encuentren imputados junto con menores por un mismo hecho o por delitos conexos, mientras que para los menores de 14 años se contemplan intervenciones judiciales orientadas a su protección.

El traspaso volvió a generar diferencias durante la sesión. Desde el oficialismo sostuvieron que permitirá concentrar bajo una misma jurisdicción funciones que actualmente se encuentran divididas, mientras que legisladores opositores cuestionaron principalmente el impacto fiscal y la transferencia de recursos hacia la Ciudad de Buenos Aires.