Política > Camino a las urnas
Elecciones 2023: buscan que deudores alimentarios de Caucete no sean candidatos
El Concejo Deliberante de Caucete ya aprobó esta iniciativa que ya generó dudas porque no es algo que se contemple en la Constitución.
POR REDACCIÓN
El Concejo Deliberante de Caucete aprobó el denominado proyecto de "ficha limpia" que establece que no podrán acceder a una candidatura para las elecciones ninguna persona que tenga una deuda en la cuota alimentaria. Si bien la norma fue sancionada, hay dudas sobre su legalidad, ya que este tema no está contemplado a nivel constitucional.
El proyecto de "ficha limpia" fue aprobado por unanimidad este jueves y prohíbe que sean candidatos a intendente o concejales a ciudadanos que tengan condenas firmes por diferentes delitos, incluyendo a aquellos que adeuden la cuota alimentaria.
Tras la aprobación de esta norma surgieron dudas sobre su aplicabilidad, ya que una ordenanza municipal no puede establecer más requisitos que la misma Constitución Nacional, que aún no contempla los requisitos que aprobaron los ediles cauceteros.
La misma ordenanza prohíbe que el Ejecutivo comunal nombre en cargos de secretarios, subsecretarios o directores, a personas que no cumplen con el requisito de la denominada ficha limpia. En este caso, la ordenanza si sería procedente, ya que regula la forma de trabajo dentro del ámbito municipal.
El proyecto aprobado ayer en Caucete fue impulsado por el presidente del Concejo, Juan José Escobar, y el presidente de la bancada peronista, Emilio Escudero, quien aseguró que considera una obligación moral y una obligación civil que las persona cumplan con ayudar a la manutención de sus hijos y por eso consideran que esto debe ser incluido como requisito para acceder a un cargo.
Además del tema de la cuota alimentaria, la norma prohíbe que asuman un cargo las personas que tengan condena judicial firme en delitos, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública o enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. A esto se suman condenas por violencia de género o delitos contra la integridad sexual.