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Política > Decimosexta sesión

Emergencia en la obra pública: sin un presupuesto claro, Diputados aprobó el proyecto de ley

Hubo algunos bloques que opusieron resistencia debido a que no se sabe cuánto de más deberá pagar el Estado para sostener las obras, por lo que la votación terminó con 23 votos positivos y 11 negativos. 

10 de noviembre de 2022

A 10 días de que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos presentara el proyecto de ley, la Cámara de Diputados, a pesar de no conocer el presupuesto total de la medida, aprobó este jueves la declaración de emergencia de la obra pública, que permite que la Provincia destine más dinero a terminar las construcciones que se llevan a cabo en San Juan.

La votación fue bastante dividida: terminó con 23 votos positivos y 11 negativos. Dos bloques decidieron no acompañar la moción, puntualmente el Interbloque de Juntos por el Cambio y el Bloque Lealtad. Las cuestiones principales por las que estos legisladores criticaron duramente al proyecto fue que no contaba con la claridad suficiente en relación con el dinero que deberá erogar la Provincia para mantener funcionando las construcciones. Además, que no hay un recuento pormenorizado de la cantidad de obras que hay en ejecución en San Juan y, sobre todo, cuánto le corresponderá a cada una.

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Uno de los más críticos al exponer fue el legislador de Lealtad, Leonardo Gioja, quien dijo que este mecanismo se trata de un "traspaso directo de dinero estatal a empresas privadas". Lo cierto es que, por ahora, la única certeza financiera que hay es que será el Ministerio de Obras el que se haga cargo de decidir cuánto dinero irá para cada obra y la cartera de Hacienda y Finanzas Públicas confirmará -o no- la erogación. 

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Gioja fue uno de los primeros en detallar su postura y la de sus compañeros de bloque. Si bien ya habían adelantado su voto negativo, el diputado hizo hincapié en la falta de detalles de la ley, sobre todo de los precios y la lista de obras que entrarían en la emergencia.

En este marco, manifestó que “hay otros mecanismos” que permitirían solucionar el tema de la inflación y su injerencia en la obra pública, sin la necesidad de llevar a cabo una medida “tan extrema”.

“Nos parece que se alteran las reglas del juego de cualquier contratación de obra pública. Hay otros mecanismos, otras formas de solucionar esta cuestión sin necesidad de pasar por la Cámara de Diputados. Una cosa es una obra que recién empieza y que está comenzando a ejecutarse y otra muy distinta es una obra grande que se licitó hace años. No tenemos precisiones respecto a esto, el Ministerio de Obras debería ser mucho más claro a la hora de plantear qué obras, cuándo y cuál va a ser el monto. Esto es transferencias públicas al sector privado, así de claro”, expresó.

Por su parte, el encargado de llevar la postura del Interbloque Juntos por el Cambio fue el diputado Enzo Cornejo. De la mano de un discurso leído, planteó que “están preocupados” por la situación económica y social y que entienden la necesidad de declarar en emergencia la obra pública. El legislador confirmó que, junto a sus compañeros de bloque, pidieron especificaciones como números presupuestarios y una lista de las contrataciones cuyos precios se deben redeterminar. Al no recibir estos datos, pidió que el proyecto volviera a comisión para ser tratado con mayor claridad, moción que fue rechazada por sus compañeros.

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Una vez que el resto de los diputados rechazaron el pedido, Sergio Miadowsky, también de JxC, confirmó que el interbloque votaría en contra. “Nos preocupa todo esto, por eso solicitamos poder girar nuevamente a comisiones para así tratarlo debidamente. Como no nos dieron oportunidad, votamos en contra. Nosotros tenemos dudas fundamentalmente en el importe, cuánto tiene que salir a poner la Provincia para esto”, dijo.

La contrapartida de aquellos que votaron en contra estuvo a cargo de quien expresó la moción para aprobar la ley, Jorge Barifusa, el presidente de la Comisión de Obras Públicas. Explicó que finalmente en esta emergencia sólo entran los proyectos de financiamiento provincial, ya que de los nacionales se harán cargo los entes que lo ejecuten. Además, manifestó que, según la ley, existen dos tipos de obras: las normales, que tendrán hasta un 20% de suma (que debe erogar el Estado), y las especiales, que son aquellas que tienen componentes de importación, que tendrán un 30%.

“Será una suma de un 20% para obra común y hasta un 30% de obras especiales, que son aquellas que tienen componentes importados y, por lo tanto, mayores gastos. Esto queda establecido en la reglamentación, sobre cuáles obras entran en tales grupos”, planteó.

Asimismo, dijo que muchas de los detalles pasarán primero por el Ministerio de Obras Públicas. Desde allí se encargarán de confeccionar una lista de las obras que hay en la provincia y cuánto dinero necesitará cada una. Es decir, la ley deja muchas decisiones libradas a la reglamentación. Esta es, justamente, una de las cuestiones más criticadas por el giojismo y por el interbloque JxC.

Luego de esto habló el diputado Jalife, que brindó especificaciones técnicas sobre la ley. Aunque fue muy explicativo, cerró su discurso diciendo que estaba orgulloso por formar parte de un proyecto que prioriza la situación de los trabajadores. Por su parte, Quiroga trató de necios a aquellos que no acompañaron al proyecto y dijo que el Gobierno se ocupa de mantener el “índice de desocupación bajísimo”. Ambos discursos fueron aplaudidos.

Luego de los discursos a favor de la medida, la diputada del Bloque de Producción y Trabajo, Nancy Picón, salió al cruce y dijo que “uno sale a la calle y ve que no es un índice de desocupación del 3%, da vergüenza decirle a la gente que es así”. Trató de mentirosos al resto de los legisladores, y además, le pidió a Cabello que “pusiera sanciones” a Quiroga por tratar de necios a quienes no están de acuerdo con ellos.

Cómo quedó la ley

Finalmente, la redeterminación de precios influirá en las obras con financiamiento provincial. En algunas, la suma será del 20% y, en otras, del 30%. Esto influye en construcciones de vialidad, de saneamiento, de escuelas, etcétera.

La emergencia comenzará a regir a partir de la reglamentación de la ley y durará un año. Además, si bien los fondos serán provinciales, aún no se sabe de cuánto dinero se está hablando.  

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