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En medio de una semana caliente, Confias anunció un cambio de mando
Alberto Martínez asumirá el 15 de diciembre la presidencia del Consejo de Fiscalías y Asesorías. Su designación se conoció en una semana marcada por tres episodios que pusieron bajo la lupa la actuación de integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Una semana de denuncias y cuestionamientos contra integrantes del Ministerio Público Fiscal de San Juan cerró con una novedad institucional: Alberto Martínez, actual coordinador de la UFI Cavig, será el próximo presidente del Consejo de Fiscalías y Asesorías (Confias). Reemplazará en diciembre a Laura Romarión y tendrá entre sus principales objetivos impulsar la autarquía financiera del organismo.
Confias es una asociación civil que representa a fiscales y asesores letrados de Menores. Fue creada en 2022, por impulso del entonces fiscal general Eduardo Quattropani, tras una separación del Colegio de Magistrados. Su función es defender los intereses institucionales de sus integrantes y promover capacitaciones, pero no tiene autoridad jerárquica sobre ellos ni interviene en las investigaciones penales.
El recambio se conoció después de varios episodios que involucraron a funcionarios fiscales y motivaron pronunciamientos de respaldo tanto de Confias como del fiscal general Guillermo Baigorrí.
Tres episodios que marcaron la semana
El primero alcanzó a Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, fiscales de la causa por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. Defensores de personas investigadas los denunciaron penalmente ante la Justicia Federal, en Comodoro Py. Baigorrí respondió con un comunicado en el que respaldó su profesionalismo, independencia y compromiso con la búsqueda de la verdad.
Otro cuestionamiento recayó sobre José Plaza. El juez de Impugnación Maximiliano Blejman anuló una audiencia de formalización en una investigación por presunta usurpación de terrenos en Pocito. En su resolución señaló una notoria inactividad investigativa y criticó la actuación de Fiscalía en esa instancia.
El tercer caso involucró a Nicolás Schiattino y a Claudia Salica, titular de la UFI Delitos contra la Propiedad. Una ciudadana colombiana denunció el presunto faltante de dólares de una caja de seguridad durante un allanamiento en su vivienda. Schiattino desestimó la presentación y el coordinador Iván Grassi ratificó esa decisión.
La denunciante pidió una revisión judicial, pero el juez Diego Sanz avaló el criterio de desestimación. De esa manera, la decisión de Fiscalía quedó respaldada judicialmente en esa instancia, luego de los cuestionamientos que también habían alcanzado a Salica.
En medio de estos episodios, Confias difundió un comunicado en defensa de la independencia y autonomía de los fiscales. No se refirió de manera puntual a cada expediente, pero sostuvo que respaldar a los funcionarios también implica defender la legalidad y el compromiso con la sociedad. El pronunciamiento se conoció un día después del comunicado de Baigorrí por el caso Acueducto.
Autarquía financiera, la apuesta de Martínez
En ese contexto, Martínez asumirá la conducción de Confias con un reclamo central: que el Ministerio Público Fiscal cuente con recursos propios. En declaraciones al programa Demasiada Información, de 0264 Radio, anticipó que buscará impulsar un proyecto de ley para que Fiscalía reciba un porcentaje de los fondos que actualmente corresponden al Poder Judicial.
El futuro presidente señaló que las limitaciones presupuestarias afectan tareas cotidianas. Mencionó, por ejemplo, las dificultades para conseguir cubiertas para móviles policiales y de la Brigada que participan en allanamientos, una situación que puede demorar procedimientos y perjudicar el desarrollo de las investigaciones.
También propuso capacitaciones, ateneos mensuales y jornadas de formación para los integrantes del Ministerio Público Fiscal, además de avanzar en la posibilidad de contar con un predio propio para la asociación.
Martínez sucederá a Romarión, quien preside Confias desde fines de 2024 junto al fiscal Cristian Catalano. La nueva comisión tendrá como vicepresidenta a la asesora oficial Yanina Peri.
El cambio de autoridades se producirá en diciembre, en un escenario atravesado por la defensa institucional de los fiscales y la discusión sobre los recursos necesarios para su funcionamiento.