Ley de Tierras: el fiscal Picardi solicitó medidas de prueba por violencia institucional

El fiscal federal Franco Picardi requirió de manera formal impulsar la investigación penal por los presuntos hechos de violencia institucional desplegados por las fuerzas de seguridad durante la manifestación contra las reformas a la Ley de Tierras. En dos dictámenes presentados ante el juez Julián Ercolini, el representante del Ministerio Público solicitó profundizar las actuaciones sobre el operativo conducido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y requirió investigar específicamente el accionar del comisario de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna, fotografiado mientras actuaba de civil y portando un arma de fuego sin la correspondiente identificación reglamentaria.

La medida judicial responde al avance de la denuncia articulada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El organismo documentó una serie de episodios violentos ocurridos en las inmediaciones del Congreso Nacional, que incluyeron el disparo de postas de goma a corta distancia, el uso de gases lacrimógenos, la intervención de camiones hidrantes sobre manifestantes y transeúntes, lesiones a trabajadores de prensa —entre ellos un equipo de Crónica TV— y detenciones tipificadas como arbitrarias.

Dentro de las medidas probatorias sugeridas por la fiscalía —varias de las cuales permanecen bajo secreto de sumario—, el caso de Gauna cobra centralidad. El efectivo de la Policía Federal fue registrado por fotógrafos en la intersección de Lima y Avenida de Mayo en posición de disparo y sin indumentaria oficial. La posterior viralización de las imágenes forzó una respuesta pública de la ministra Monteoliva, quien en una exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario ofreció explicaciones imprecisas sobre el cumplimiento de los protocolos de identificación de los agentes desplegados en el terreno.

Desde la CPM calificaron la jornada represiva como una de las más salvajes registradas en los últimos años por su extensión en el tiempo y el territorio. En tanto, el encuadre procesal definido por la fiscalía apunta a determinar si el uso de las denominadas armas no letales y la conducta de los mandos a cargo de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad violaron los marcos normativos locales e internacionales que regulan la actuación policial en protestas sociales.

Investigarán al policía de civil 

En este segundo planteo apareció el nombre de Gustavo Antonio Gauna, el efectivo de la Policía Federal que fue fotografiado vestido de civil y en posición de disparo durante la manifestación. “Habría efectuado disparos con una escopeta, en franca violación al marco normativo general, tanto internacional como local”, planteó la presentación. Ese punto fue mencionado en la segunda ampliación del fiscal con las respectivas medidas que están bajo reserva.

La foto de Gauna no tardó en viralizarse en redes sociales y aparecer en programas de TV. Incluso, se conocieron fotografías de otros operativos represivos en los que habría participado también testigo de civil. El escándalo obligó a Monteoliva a intentar un pronunciamiento en el marco de una charla que dio en la Bolsa de Comercio de Rosario. En poco más de un minuto y medio ofreció titubeos e imprecisiones acerca de la identidad del efectivo policial y del arma con el que fue fotografiado. “Tienen una campera con el logo de la fuerza y deben colgar la placa”, afirmó respecto de los policías de civil. Al puntualizar sobre Gauna, añadió: “No vi, me parece que no tiene puesta la campera”.

El operativo represivo al mando principalmente de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en lo que respecta a las fuerzas federales y al ministro de Seguridad porteño Horacio Giménez por la Policía de la Ciudad, fue uno de los más violentos de los últimos años. “Llevamos más de 200 marchas monitoreadas, así que podemos comprar con otras marchas, y podemos decir que la del jueves fue una de las más violentas y salvajes de esta gestión.