Fernández y Ríos impugnan su suspensión en el Concejo

La polémica por la suspensión de dos concejales de Sarmiento sumó un nuevo capítulo. José Luis Fernández y Valeria Roxana Lourdes Ríos presentaron una impugnación formal contra la sanción aplicada por el Honorable Concejo Deliberante y, además, avanzaron con acciones judiciales al considerar que la medida carece de sustento legal.

Los ediles sostienen que la suspensión es "arbitraria" y que vulnera el mandato popular que ejercen. El planteo fue presentado ante el presidente del cuerpo, Lucas Gómez, a quien cuestionan por haber impulsado una sanción que, según afirman, excede las facultades que le otorga la legislación vigente.

El conflicto tiene su origen en una sesión especial convocada el 2 de febrero de este año, durante el período de receso legislativo. Fernández y Ríos decidieron retirarse del recinto porque entendieron que la convocatoria no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Municipalidades.

Según explicaron en su descargo, la presidencia fundamentó la convocatoria en el Reglamento Interno del Concejo, pero omitió considerar las disposiciones de la Ley 430-P, que determina en qué circunstancias puede convocarse a una sesión especial. Por ese motivo, consideraron que permanecer en el recinto habría significado validar un acto que entienden como irregular.

En el escrito presentado, los concejales remarcan que su retiro no constituyó una falta disciplinaria ni un acto de desobediencia, sino una decisión política e institucional destinada a no convalidar una convocatoria que consideraban improcedente.

Uno de los principales argumentos de la impugnación apunta a las facultades sancionatorias. Los ediles sostienen que el presidente del Concejo no tiene competencia para aplicar sanciones a concejales electos por el voto popular. En ese sentido, señalan que la Ley 430-P reserva esas atribuciones para el personal administrativo y no para los integrantes del cuerpo deliberativo.

También cuestionan los tiempos del proceso. La sanción fue aplicada cerca de cuatro meses después de los hechos que la motivaron, una demora que, según Fernández y Ríos, afecta las garantías de defensa y genera inseguridad jurídica.

Además, argumentan que retirarse de una sesión constituye una herramienta parlamentaria válida para expresar desacuerdo político y que esa conducta no puede ser considerada una infracción disciplinaria, especialmente cuando no impide el funcionamiento institucional ni la conformación del quórum.

A partir de estos planteos, solicitaron que la suspensión sea dejada sin efecto. Sin embargo, fueron más allá y dejaron expresamente asentado que recurrirán a la Justicia Ordinaria y a la vía Contencioso Administrativa para revertir la decisión.

Incluso advirtieron que evalúan promover acciones civiles y penales por presuntos daños y perjuicios, afectación a su honor y vulneración de derechos constitucionales si la medida no es revisada por el Concejo Deliberante.

De esta manera, una disputa que comenzó dentro del recinto legislativo de Sarmiento ahora amenaza con trasladarse a los tribunales, profundizando un conflicto político e institucional que sigue escalando en el departamento.