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Política

Fiscal General de la Corte de San Juan: así se define al sucesor de Eduardo Quattropani

Luego del fallecimiento de Eduardo Quattropani, el proceso para cubrir la vacante en la cabeza del Ministerio Público Fiscal se activa con un llamado público.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
El fallecimiento del fiscal General abre un proceso institucional clave para designar a su sucesor.

Tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, quien se desempeñaba como fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, se abre el proceso institucional para designar a su sucesor al frente del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a lo que establece la Constitución de la Provincia de San Juan y la Ley Orgánica del Ministerio Público, hay un plazo máximo de 90 días para designar a una nueva persona que ocupe ese puesto. Primero debe hacerse un llamado público para cubrir esa vacante y será el Consejo de la Magistratura el que deba entrevistar a los interesados en ser jefe de los fiscales y armar una terna que luego será tratada en la Cámara de Diputados, órgano que también realizará la votación.

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Si el cargo vacante no se cubre dentro de ese plazo legal, entra en juego una medida provisoria: la Corte de Justicia puede designar provisionalmente a alguien para ocupar el cargo hasta que se complete el proceso oficial.

Eduardo Quattropani, fiscal general de San Juan, falleció en la madrugada del lunes 21 de julio.

El nuevo fiscal General deberá cumplir con ciertos requisitos legales: ser argentino, abogado con al menos diez años de ejercicio en la profesión o en la magistratura, y tener reconocida trayectoria jurídica. Además, se espera que tenga independencia política y formación en derecho penal y constitucional.

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Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continuará funcionando bajo el esquema actual, con los fiscales coordinadores y procuradores generales a cargo de las tareas operativas, hasta que se nombre formalmente al nuevo titular del organismo.

El fiscal General tiene a su cargo la conducción de los fiscales y defensores públicos, y es uno de los principales responsables del diseño y supervisión de las políticas de persecución penal en la provincia. Su rol es clave para garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial.

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