Flybondi profundiza su fracaso aerocomercial y afronta múltiples demandas

La propuesta que irrumpió en el mercado aerocomercial argentino prometiendo revolucionar la aviación mediante tarifas accesibles y conectividad federal atraviesa una de las etapas más complejas de su historia.

Lo que en su momento se presentó como una democratización de los cielos hoy se traduce en un cuadro de marcado deterioro estructural: despidos de personal, cierre de bases provinciales, aeronaves fuera de servicio, reclamos en la Justicia y una tasa de cancelaciones que encendió las alarmas de las autoridades regulatorias.

En ese escenario, los usuarios sanjuaninos no han quedado al margen del impacto, sufriendo las consecuencias de una oferta comercial que se mantiene activa pese a la severa reducción de la capacidad operativa real.

La magnitud del problema se refleja en los propios indicadores de la compañía. De acuerdo con datos publicados por Chequeado, durante agosto la aerolínea llegó a cancelar el 80,5% de sus vuelos programados, lo que significa que apenas dos de cada diez servicios lograron despegar. Este panorama no resulta aislado; a lo largo de 2026 la tasa de cancelación se ubicó en un 22,8%, acompañada por demoras promedio que superaron las dos horas.

Para los pasajeros de San Juan que dependen de estas conexiones para traslados laborales, compromisos de salud o turismo, la imprevisibilidad del servicio transformó la compra de un pasaje en una apuesta de resultado incierto, donde el riesgo de quedar varado a cientos de kilómetros de casa se volvió una posibilidad recurrente.

El origen de este cuello de botella radica en la abrupta contracción de su flota activa. Durante el primer semestre del año, la empresa pasó de operar cerca de 19 aviones diarios a mantener un promedio de solo tres unidades en servicio. La situación alcanzó un punto crítico en junio, cuando la firma operó con un único avión disponible a nivel nacional, realizando apenas cuatro vuelos en una jornada y cancelando otros doce. Pese a esta drástica disminución en la capacidad de vuelo, las plataformas digitales de la compañía continuaron comercializando boletos con normalidad hacia sus habituales destinos, una contradicción que motivó la intervención de la Administración Civil de Aviación Nacional (ANAC) requerida por intimaciones internacionales tras las medidas precautorias adoptadas por las autoridades de aviación de Brasil.

El achicamiento de la aerolínea se manifiesta en el plano laboral y territorial. Tras implementar esquemas de retiros voluntarios y reducir su plantilla a unos 1.200 empleados a mitad de año, el ajuste continuó con el cierre de oficinas operativas en provincias como Salta y la consecuente desvinculación de personal.

Esta sangría organizativa desató reclamos de más de 700 exempleados que denuncian indemnizaciones e incentivos impagos, a los que se suman las protestas de trabajadores activos por atrasos salariales y suspensiones en las coberturas de salud.

Deudas millonarias

A la par del conflicto operativo y gremial, el frente financiero de la compañía suma embargos judiciales y demandas de proveedores. La Justicia Commercial intervino ante reclamos de deudas hoteleras, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtuvo la orden de embargo sobre cuentas bancarias por una suma superior a los $1.400 millones.

En medio del traspaso accionario al fondo COC Global Enterprise, encabezado por el empresario Leonardo Scatturice, la actual conducción atribuyó la crisis a inconsistencias contables heredadas de la gestión anterior, aunque la disputa corporativa no logró contener el traslado directo de los costos de la reestructuración hacia los usuarios y los trabajadores.

En la provincia de San Juan, donde la conectividad aérea constituye un insumo estratégico para la economía local y la vinculación con los grandes centros urbanos, la vulnerabilidad del esquema "low cost" reactivó el debate sobre los límites de la desregulación.

Mientras la empresa intenta ordenar su frente económico y operativo, miles de personas en todo el país —incluidos los viajeros sanjuaninos— continúan adquiriendo pasajes bajo la expectativa de volar, en un escenario donde la oferta comercial sigue funcionando a un ritmo muy distinto al de los aviones en pista.