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Fraude con computadoras: buscan reconstruir la ruta de $90 millones
La Fiscalía iniciará pericias y medidas bancarias para reconstruir el recorrido de los $90 millones pagados por la compra de equipos informáticos.
La investigación por la presunta compra irregular de equipamiento informático para la Secretaría de Seguridad ingresará en una etapa considerada clave para el avance de la causa. Luego de la audiencia de formalización realizada el pasado 3 de julio, la Fiscalía comenzará una serie de medidas de prueba destinadas a reconstruir el recorrido de los 90 millones de pesos que el Estado desembolsó en mayo de 2023 por la adquisición de computadoras, impresoras y tablets.
El fiscal a cargo del caso confirmó que uno de los principales objetivos de la investigación será determinar cuál fue el destino final de ese dinero. Para ello solicitará el levantamiento del secreto bancario y requerirá información a distintas entidades financieras y organismos públicos con el propósito de reconstruir el circuito financiero de la operación.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es que el análisis de los movimientos bancarios permitirá establecer quiénes recibieron los fondos, cómo fueron distribuidos y si existieron transferencias o maniobras posteriores que puedan aportar elementos para determinar eventuales responsabilidades penales.
La causa fue formalizada por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y, en el caso de los policías integrantes de la comisión de recepción, también por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Actualmente son siete los imputados, entre ellos integrantes de la comisión que recibió los equipos, personal técnico de la Secretaría de Seguridad y la representante de la empresa proveedora SSH Emprendimientos.
Durante la investigación ya se realizaron allanamientos y una pericia informática sobre los equipos hallados en un depósito ubicado sobre avenida Rawson. Según explicó el fiscal, si bien la cantidad de computadoras, impresoras y tablets coincidía con la compra realizada por el Estado, la calidad de los equipos no se correspondía con la que había sido contratada y abonada.
Sin embargo, la reconstrucción del recorrido de los fondos aparece ahora como uno de los ejes centrales del expediente. La Fiscalía entiende que seguir la denominada "ruta del dinero" permitirá complementar las pruebas técnicas ya incorporadas y establecer si existieron maniobras destinadas a beneficiar a particulares con recursos públicos.
La investigación penal preparatoria tiene un plazo inicial de un año, aunque durante ese período podrían incorporarse nuevas pruebas e incluso ampliarse la nómina de imputados si las medidas financieras y las pericias bancarias revelan la participación de otras personas en la operatoria bajo investigación.