Fue acusado de estafa y entregará terrenos como reparación a las víctimas

Gustavo Flores Quevedo enfrentó una formalización de la investigación judicial en su contra por presuntas maniobras de estafa que perjudicaron a cinco personas cuyos datos se mantienen en reserva. La audiencia fue conducida por el juez Rodolfo Javier Figuerola y contó con la actuación del fiscal Ricardo Mariano Juárez Prieto, auxiliado por el ayudante fiscal Pablo Ferrer.

La representación legal del acusado estuvo en manos de los abogados Federico Emanuel González Quiles y Jorge Enrique Guillén Giménez. En dicho marco, la magistratura ratificó la ampliación del objeto de la Investigación Penal Preparatoria, imputándole formalmente el delito de desbaratamiento de derechos acordados, reiterado en cinco hechos en concurso real y bajo la condición de autor.

Para llevar adelante este proceso, la Justicia determinó un periodo de un año para la Investigación Penal Preparatoria. Asimismo, impuso reglas de conducta coercitivas que obligan al imputado a someterse a la causa, abstenerse de entorpecer el trabajo judicial y establecer un domicilio legal.

Sin embargo, mediante el consenso alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, los letrados defensores y las víctimas, el tribunal validó un convenio de reparación integral que impone al procesado el deber de efectuar la división parcelaria y la respectiva escrituración de un conjunto de bienes raíces, asumiendo la totalidad de los costos operativos y administrativos que demanden las gestiones.

Los compromisos fijados imponen plazos precisos para su ejecución. En el lapso de seis meses, el acusado debe gestionar la división y transferencia de dominio de un lote de 1.500 metros cuadrados, así como de un terreno de 29.400 metros cuadrados. En tanto, para el plazo de un año se fijó la tramitación requerida para la subdivisión y escritura de otro terreno de 1.500 metros cuadrados y de una parcela de 1.600 metros cuadrados, figurando esta última a nombre de la sucesión de una de las víctimas.

Por otra parte, la obligación con mayor premura establece un término de tres meses a partir de la convalidación del texto para que el imputado extienda la escritura de un inmueble de unas cuatro hectáreas hacia la posesión de uno de los afectados.

Todas estas medidas deberán ajustarse de forma directa a la ocupación real que ejerce cada damnificado, en conformidad con las normativas dispuestas por los organismos estatales competentes. La resolución estipula que el imputado únicamente estará en condiciones de requerir su sobreseimiento definitivo en el legajo una vez que concrete el cumplimiento total e irrestricto de las metas pactadas.