Fuerte respaldo judicial a la jueza que frenó la ley penal juvenil

Un total de 91 jueces y juezas del fuero porteño emitieron un duro comunicado en el que manifestaron su "más enfático repudio y profunda preocupación" ante el pedido de juicio político promovido por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, contra la magistrada Laura De Marinis.

La reacción del Ejecutivo porteño surgió luego de que la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 declarara la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil en un caso concreto.

El fallo de De Marinis se dio en el marco de la causa de un adolescente de 14 años acusado por tentativa de robo, donde la jueza dio lugar al pedido de sobreseimiento presentado por el Ministerio Público de la Defensa y acompañado por el Ministerio Público Tutelar.

En su resolución, la magistrada consideró que la baja de la edad de punibilidad resultaba una medida "regresiva, desproporcionada y estigmatizante", ejerciendo el control de constitucionalidad y convencionalidad que le confiere la Carta Magna.

Frente a la solicitud de destitución impulsada por Macri, el colectivo de magistrados calificó la maniobra como una "intromisión y acoso del Poder Ejecutivo" que "agravia seriamente la independencia judicial".

En el escrito, remarcaron que el desacuerdo con un fallo debe canalizarse a través de las vías procesales correspondientes —como la apelación que ya interpuso el Ministerio Público— y no mediante la persecución política a los jueces por el contenido de sus sentencias.

Finalmente, los 91 magistrados exhortaron a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a "actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho", recordando que la independencia del Poder Judicial y el respeto a las garantías constitucionales resultan pilares innegociables para el sostenimiento del Estado de Derecho.