Fuga de Flávio Bolsonaro: el Gobierno negó irregularidades y entregó pruebas

El Gobierno de Javier Milei aseguró este jueves 29 de octubre que comenzó a colaborar con la Justicia en las investigaciones por la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, luego de que el dirigente atravesara territorio argentino pese a tener una prohibición judicial de salida de su país. Desde la Casa Rosada rechazaron cualquier participación irregular en el traslado y afirmaron que el procedimiento migratorio se realizó conforme a la normativa vigente.

Según indicaron fuentes oficiales, la Dirección Nacional de Migraciones ya remitió a la Justicia los registros del ingreso del senador brasileño y las actuaciones correspondientes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La documentación fue solicitada por la Fiscalía de Misiones para reconstruir cómo se produjo su paso por Argentina antes de abordar un avión privado rumbo a Miami.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que Bolsonaro ingresó con documentación válida y que no existían restricciones internacionales que impidieran su circulación. En ese sentido, remarcaron que la prohibición de abandonar Brasil, dispuesta por la Justicia de ese país, no implicaba automáticamente un impedimento para transitar por territorio argentino.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó públicamente esa postura durante una actividad oficial en Rosario. El funcionario aseguró que el dirigente brasileño presentó la documentación correspondiente y que no existían alertas de Interpol que obligaran a las autoridades nacionales a impedir su ingreso.

Sin embargo, la situación derivó en distintas presentaciones judiciales para determinar si existieron irregularidades migratorias o algún tipo de colaboración de funcionarios argentinos en la salida del senador.

En Comodoro Py, la fiscal federal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares en una causa iniciada a partir de una denuncia contra Milei y otros integrantes del Gobierno por presunto encubrimiento. El expediente quedó radicado en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.

En paralelo, la Justicia Federal de Puerto Iguazú también intervino tras una presentación realizada por la diputada Marcela Pagano. Entre las medidas solicitadas se encuentran registros migratorios, documentación aeroportuaria y datos relacionados con la operación del avión privado utilizado por Bolsonaro.

De acuerdo con Migraciones, el dirigente brasileño ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50 por el Puente Internacional Tancredo Neves, acompañado por su esposa y sus dos hijas.

Posteriormente, la familia abordó una aeronave Gulfstream G400, perteneciente a la empresa Baires Fly, que despegó desde Puerto Iguazú a las 00.21 del miércoles. El destino declarado inicialmente fue Guayaquil, Ecuador, aunque el viaje continuó hacia Miami, Estados Unidos.

Uno de los puntos que también quedó bajo análisis fue la intervención de la PSA durante el traslado al aeropuerto. Imágenes difundidas mostraron que un vehículo con patente brasileña ingresó a la terminal aérea acompañado por un patrullero de la fuerza federal.

El Gobierno aseguró que las actuaciones correspondientes a ese procedimiento fueron entregadas a la Justicia, aunque todavía resta determinar si se remitió la totalidad del material solicitado, incluidas grabaciones de seguridad y registros aeroportuarios.

La controversia también generó cuestionamientos políticos. Desde sectores de la oposición reclamaron explicaciones sobre el operativo y promovieron pedidos de informes para establecer si existió alguna coordinación entre funcionarios argentinos y el entorno del dirigente brasileño.

Por su parte, la Casa Rosada insistió en que no hubo irregularidades y que continuará respondiendo a los requerimientos judiciales. No obstante, la entrega de documentación no implica el cierre de las investigaciones, que deberán determinar si se cometió algún delito durante el paso de Bolsonaro por el país.