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Global Market fue allanada y la causa pasó a la Justicia Federal
La Justicia Federal ordenó el procedimiento en la sede de calle Mendoza. La causa investiga la desaparición de más de $4.000 millones que alrededor de 45 personas habrían entregado para invertir.
POR REDACCIÓN
El caso de la presunta megaestafa de Global Market sumó un nuevo capítulo este jueves 1 de octubre, cuando la Justicia Federal ordenó allanar las oficinas de la firma financiera en pleno centro sanjuanino. El procedimiento se realizó más de seis meses después de las primeras denuncias y luego de que la Justicia provincial se declarara incompetente para investigar el expediente.
El operativo tuvo lugar alrededor de las 11 en el inmueble de calle Mendoza 31 Sur, entre avenida Libertador General San Martín y Laprida. Allí se presentó personal de las autoridades judiciales y fue recibido por Gustavo Omar Ahumada, uno de los titulares de la firma. El otro señalado como responsable, Miguel Ángel Cañada, no estuvo presente durante el procedimiento.
La investigación comenzó tras las presentaciones de alrededor de 45 personas que denunciaron haber entregado sus ahorros a Global Market con la expectativa de obtener rendimientos mediante inversiones de bajo riesgo. El perjuicio económico estimado supera los $4.000 millones, aunque las cifras fueron variando a medida que aparecieron nuevos denunciantes.
Uno de los puntos centrales de la causa es determinar qué ocurrió con el dinero que los inversores confiaron a la empresa y si los fondos fueron derivados a otras operaciones sin su autorización. Entre las firmas que aparecen mencionadas en las denuncias se encuentra GMI Inversiones, vinculada a una operatoria que, según la querella, habría permitido canalizar parte de los recursos fuera del circuito inicialmente acordado con los clientes.
Una investigación atravesada por la disputa de competencia
El allanamiento llegó después de meses de discusiones judiciales sobre qué fuero debía intervenir. En mayo, la Fiscalía provincial impulsó la declaración de incompetencia y el pase del expediente a la Justicia Federal. Posteriormente, los planteos de algunos querellantes contra esa decisión fueron rechazados en el ámbito provincial, dejando encaminado el expediente hacia el fuero federal.
Durante ese período, los representantes de los damnificados reclamaron medidas urgentes para preservar documentación y dispositivos electrónicos, además de acciones para reconstruir el recorrido de los fondos. La abogada Vanesa Laciar había cuestionado la demora en la realización de procedimientos y en la obtención de información que permitiera avanzar sobre el destino del dinero.
Por el momento, no trascendieron los resultados del allanamiento ni qué documentación u otros elementos de interés pudieron haber sido secuestrados. Tampoco se confirmó si se realizaron los procedimientos que la querella había solicitado en domicilios particulares de los titulares de Global Market y de familiares vinculados a otra firma investigada.
La causa continúa bajo la figura de una presunta estafa y con el foco puesto en establecer las responsabilidades de quienes participaron de las operaciones financieras denunciadas y el destino de los millones que los inversores aseguran no haber podido recuperar.