Gobierno congela sanciones a petroleras ligadas a Sea Lion

A casi dos meses de haber anunciado el inicio de sumarios administrativos contra 60 personas humanas y empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera clandestina en la Cuenca Malvinas Norte, el Poder Ejecutivo nacional mantiene totalmente paralizadas las resoluciones definitivas de sanción e inhabilitación.

La ofensiva punitiva contra el entramado corporativo del proyecto petrolero Sea Lion quedó atrapada en un escenario de postergaciones burocráticas, un frenazo geopolítico impuesto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el estancamiento de la "Ley Malvinas" en la Cámara de Diputados.

Expedientes congelados

El 4 de septiembre, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 868/2026, una norma orientada a acelerar los castigos previstos en la Ley 26.659, estableciendo un plazo perentorio de diez días hábiles administrativos para que los acusados presenten sus descargos. Aquella jornada se notificó a 45 personas y firmas (entre operadoras primarias, contratistas, directivos y entidades financieras), sumando 15 involucrados adicionales cuatro días más tarde.

Pese a que los plazos procesales se encuentran totalmente vencidos y que la normativa vigente autoriza inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para operar en la plataforma continental y en el territorio nacional —lo que acarrea la pérdida de beneficios fiscales clave como los del RIGI—, la situación administrativa actual refleja una parálisis absoluta.

Cero sanciones definitivas, ninguna de las petroleras o empresas de servicios fiscalizadas ha recibido una sanción formal o inhabilitación efectiva. Ante el hermetismo oficial, los expedientes se tramitan confidencialmente en la Secretaría de Malvinas de la Cancillería y en la Secretaría de Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal.

Sin embargo, en despachos de la Casa Rosada admiten en privado que prefieren "no adelantar la jugada" y supeditan cualquier medida punitiva concreta a la aprobación de un nuevo marco legal en el Congreso.

El estancamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Mensaje 0010-PE-2026) en la Cámara Baja responde al diseño institucional que el presidente Javier Milei incorporó en el paquete normativo.

El Ejecutivo incluyó la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo cúpula integrado por la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica, destinado a centralizar las políticas de defensa, inteligencia y relaciones exteriores.

Esta iniciativa generó un fuerte rechazo de los bloques opositores dialoguistas y de los aliados parlamentarios del PRO y la UCR, quienes exigen modificaciones estructurales:

Control parlamentario vinculante

Diputados y senadores exigen integrar el organismo y contar con facultades de fiscalización efectiva sobre sus decisiones. Manejo de fondos: Exigen eliminar la "libre disponibilidad de recursos" sin autorización presupuestaria previa que el proyecto otorgaba a la Casa Rosada en situaciones de emergencia.

Pese a las ofertas de retoques menores realizadas por la Secretaría de Legal y Técnica, el Congreso exige desvincular las sanciones a las petroleras de la estructura de seguridad e inteligencia. No obstante, en Balcarce 50 se niegan a desgajar la ley al considerar al Consejo como un eje estratégico acordado directamente con Washington.

"Así como está, la ley no sale. Las últimas modificaciones se las rechazaron; si quieren la ley de soberanía, deberían ceder con lo del Consejo y aceptar el control parlamentario", confirmó una fuente con acceso directo a las negociaciones de comisión en el Congreso.

A la controversia parlamentaria se sumó la intervención directa de la administración de Donald Trump. La semana pasada, el vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, mantuvieron reuniones clave en el Palacio San Martín.

Landau sostuvo de manera pública que Estados Unidos "sigue con atención los intereses de sus empresas", advirtiendo sobre las penalidades indirectas que la ley argentina impondría sobre bancos, proveedores y fondos de inversión norteamericanos involucrados en el financiamiento de firmas petroleras como Navitas Petroleum.

En un escenario condicionado por la promesa estadounidense de aportar financiamiento por hasta USD 7.000 millones vía el Exim Bank para el Corredor Andes-Atlántico y fondos destinados a la seguridad local, el Gobierno argentino comenzó a evaluar la redacción de excepciones normativas para evitar impactar a los capitales de Wall Street, lo que significaría desarticular el poder disuasivo del régimen sancionatorio.

Tribunal de Hamburgo 

El congelamiento de los expedientes internos coloca a la diplomacia argentina en una encrucijada jurídica e internacional. Los próximos 10 y 11 de noviembre, la Argentina deberá comparecer ante los 21 jueces del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, Alemania, para demandar medidas cautelares urgentes contra el Reino Unido invocando el riesgo de daño irreversible que generaría el proyecto Sea Lion.

Esta dualidad expone la fragilidad de la posición argentina: mientras el país denuncia la gravedad ambiental y territorial de la operación británica en foros internacionales, en el ámbito doméstico mantiene en suspenso los sumarios y retrasa la publicación de las resoluciones sancionatorias. Con estas dilaciones, motivadas por la interna política local y las exigencias de política exterior de los Estados Unidos, las empresas y operadoras vinculadas a la exploración en las islas ganan un tiempo clave de cara al inicio de las perforaciones petroleras proyectadas para 2027.