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Hay una docena de vehículos del delito recuperados para uso de entidades públicas

La Corte de Justicia entregó siete y la semana que viene cede cinco más. Solamente se pueden destinar a cuestiones oficiales.

Entre los vehículos liberados de los expedientes judiciales hay camionetas, autos y hasta un minibus que recibió la Municipalidad de la Capital para el traslado de menores con discapacidad.

POR Leonardo Domínguez
01 de octubre de 2021

01 de octubre de 2021

Desde que la Corte de Justicia se propuso sanear el parque automotor que está secuestrado por haber sido utilizado para cometer delitos, lleva recuperados 12 vehículos. Hasta este jueves había entregado siete a distintas instituciones públicas y planea hacer lo mismo la semana que viene con cinco más. Las movilidades fueron ploteadas con una leyenda particular, para ser fácilmente identificadas.

La idea de disponer de los automotores secuestrados por la Justicia Penal local data del año pasado. Si bien es una antigua facultad que le da el Código de Procedimiento Penal y una ley específica a la Corte de Justicia, nunca había sido una política continua del Poder Judicial de San Juan.

Los anteriores miembros del máximo tribunal casi que no recuperaron vehículos a lo largo de los más de 20 años de permanencia en el cargo. Los nuevos integrantes decidieron que sea algo permanente, para que los automotores no terminen convertidos en chatarra y beneficiar a instituciones públicas que los necesitan.

Hasta ahora, la actual conformación de la Corte de Justicia rescató 12 movilidades que estaban en el depósito oficial de 9 de Julio y de esa cantidad, entregó 7 a reparticiones del Estado en calidad de depósito judicial. Las primeras entidades beneficiarias fueron los dos juzgados federales con asiento en la provincia, el Tribunal Oral Federal y la Municipalidad de Capital (fue un bus para traslado de chicos con discapacidad). Las tres últimas se cedieron este jueves y las recibieron los municipios de Rawson y Zonda y Gendarmería.  

En todos los casos, los vehículos deben ser utilizados dentro de los límites provinciales y en cuestiones oficiales, propias de la repartición y las prestaciones que brindan a la comunidad. Los empleados y funcionarios no pueden usarlos para motivos personales, como sucedió con una camioneta que irregularmente recibió el comisario Gustavo Padilla, exjefe del depósito de 9 de Julio, de parte del por entonces juez Pablo Flores. Esa conducta le valió al policía ser condenado recientemente a seis meses de prisión condicional y al magistrado, la destitución.

Las otras 5 movilidades que fueron recuperadas tienen los papeles listos para ser entregadas la próxima semana, siempre con el objetivo de ser destinadas a los trámites de los organismos que se vean beneficiados. En estos momentos, según dijo el presidente de la Corte, Daniel Olivares, están siendo ploteadas.

El ploteo lleva la leyenda de “vehículo recuperado del delito”. El objetivo: que todos, incluidos los ciudadanos de a pie los puedan identificar a simple vista y que sepan que únicamente pueden ser destinados a prestar servicios a la comunidad.

Los autos, camionetas y autos quedaron en poder de la Justicia por dos razones: sus dueños los usaron para cometer un delito o fueron objeto de un delito, como los robados en otras jurisdicciones del país que nunca fueron reclamados por sus propietarios. Todos van a para a 9 de Julio y sin una política de recuperación, se calcula que el 90% quedó inutilizado por roturas y desgastes por el paso del tiempo.

Para formalizar el trámite, hace falta que el juez de la causa que involucra al vehículo lo ponga a disposición de la Corte, luego hay que identificar cuáles están en condiciones de funcionar y una vez reparados, el máximo tribunal emite una acordada resolviendo la entrega. Al mismo tiempo, firma un convenio de derechos y obligaciones con las entidades que los reciben y las mismas se tienen que hacer cargo de pagar el seguro.

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