INTA busca expulsar a la investigadora Virginia Aparicio por estudiar plaguicidas

La investigadora Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias con más de 20 años de trayectoria vinculada a la Estación Experimental Balcarce del INTA y al Conicet, enfrenta un sumario administrativo que, según su defensa, podría derivar en su exoneración del organismo.

La controversia se desencadenó luego de su participación como responsable argentina de Sprint, un proyecto internacional financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea para evaluar la presencia y exposición a plaguicidas en el ambiente, alimentos, animales y seres humanos.

Argentina participó como el único país no europeo de la experiencia científica y el INTA formó parte oficialmente del proyecto, que contó con financiamiento de la Unión Europea.

El monitoreo realizado en el país incluyó a 73 participantes de áreas urbanas y rurales y contempló el análisis de hasta 209 sustancias activas en distintas matrices. Entre ellas hubo muestras de suelo, agua, sangre, orina y materia fecal, además de otros elementos utilizados para medir la exposición ambiental.

Los estudios permitieron detectar la presencia de diferentes plaguicidas en las muestras analizadas. Aparicio, sin embargo, aclaró que encontrar un compuesto no equivale por sí mismo a demostrar un daño en la salud y remarcó que medir la exposición resulta fundamental para poder determinar riesgos y revisar prácticas.

El conflicto comenzó a profundizarse en 2023, cuando la conducción del INTA suspendió una presentación prevista para difundir los resultados obtenidos en Argentina. En una comunicación interna, el organismo sostuvo entonces que algunos procedimientos vinculados con estudios sobre personas podían haber excedido sus incumbencias y que la situación se encontraba bajo análisis.

Meses después, en diciembre de 2023, el INTA resolvió discontinuar su participación en Sprint.

Sumario, imputaciones y acusaciones de persecución

A comienzos de 2025, Aparicio fue convocada en el marco de un sumario administrativo que, según su abogado defensor, Mario Bolla, incluye ocho imputaciones.

Entre ellas figura la acusación de un supuesto grave perjuicio material a la administración pública. La defensa rechazó ese cargo y sostuvo que el proyecto contó con financiamiento proveniente de la Unión Europea.

Bolla también afirmó que otros profesionales alcanzados por las actuaciones recibieron propuestas de sanciones menores y aseguró que existe preocupación porque el expediente contra Aparicio pueda terminar con una exoneración.

Hasta el momento, sin embargo, no existe una resolución definitiva públicamente conocida que disponga esa medida.

La defensa interpreta el proceso como una persecución vinculada con las investigaciones realizadas sobre plaguicidas y anticipó que, si finalmente se dispone la exoneración, recurrirá a la Justicia contencioso administrativa federal.

La sanción sería una de las más graves previstas dentro del régimen nacional de empleo público. Una exoneración firme implica la baja de los cargos públicos ejercidos por la persona sancionada e impide su reingreso a la administración hasta una eventual rehabilitación.

En el día a día, Aparicio también asegura sufrir consecuencias dentro de la Estación Experimental Balcarce.

“Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”, graficó la investigadora al describir el aislamiento que, según afirmó, comenzó a experimentar entre algunos de sus colegas.

La científica sostiene que existe temor entre otros trabajadores a quedar involucrados en el conflicto y cuestionó además las condiciones en las que actualmente puede desarrollar sus tareas de investigación.

El conflicto por los resultados de Sprint

La situación también generó la intervención de la Asociación del Personal del INTA (APINTA), que salió públicamente en respaldo de Aparicio y denunció lo que considera un escenario de censura y hostigamiento contra la investigación científica.

“No hay INTA fuerte si se silencia a quienes producen conocimiento”, sostuvo el gremio al reclamar libertad para investigar y comunicar resultados dentro del organismo.

El caso volvió así a poner en discusión qué ocurrió con la participación argentina en Sprint y con los resultados obtenidos durante el estudio. Aparicio y su defensa sostienen que el conflicto se encuentra relacionado con la información producida sobre la presencia de plaguicidas, mientras que el INTA había argumentado en 2023 reparos sobre procedimientos vinculados con investigaciones realizadas sobre personas.

Hasta ahora no se conoció públicamente una explicación detallada de las actuales autoridades del organismo sobre las ocho imputaciones mencionadas por la defensa ni sobre los fundamentos que podrían justificar una eventual exoneración de la investigadora.