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Provinciales > Dudas y una respuesta

Intento de desalojo en el Ferroviario: "Es la Justicia de Faltas la encargada, nosotros no tenemos injerencia"

El coordinador de Gabinete de Capital dijo que el proyecto del “Polo gastronómico” sigue en pie, aunque está parado.

20 de julio de 2021

A tres días del intento de desalojo por parte del Juzgado de Faltas Municipal en una casa del barrio Ferroviario, desde el municipio de la Capital dijeron que no saben cómo ocurrió el procedimiento. El terreno, ubicado frente al Teatro del Bicentenario en inmediaciones de calle Las Heras, entre Avenida Ignacio de la Roza y Avenida Córdoba, está en la mira para la construcción de un "Polo" gastronómico, proyecto que sigue en pie pero parado por la pandemia.

Así lo confirmó Sergio Mordacci, coordinador de Gabinete del municipio de la Capital a DIARIO HUARPE. Según dijo, desconocen cuáles fueron los motivos por los cuales el desalojo se dio en dichas condiciones y que es el Juzgado de Faltas del municipio el encargado de articular las acciones necesarias para dichos procedimientos.

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“Es la Justicia de Faltas la encargada de eso y nosotros no tenemos injerencia. Si se hizo una presentación tras el fallecimiento de uno de los propietarios, pero desconocemos como y por qué se dieron esos resultados”, dijo Mordacci.

El pasado viernes, cerca de las 19:30 horas, un grupo de policías municipales ingresó en la vivienda de Mirna Castro, de 56 años, donde habita con su familia en el barrio Ferroviario. En esa casa ubicada sobre calle Las Heras, y según dichos de Castro, los efectivos dijeron tener una orden de desalojo, pero no quisieron mostrársela ni dar nombre de ninguna autoridad competente.

Los habitantes de la casa llamaron a sus representantes legales ya que notaron irregularidades en el procedimiento. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

“Supuestamente tenían una orden y no nos la querían mostrar. Nos decían que estaba firmada por un secretario del Juzgado de Faltas y el juez de Faltas, identificándose a medias y sin dar nombres”, contó compungida a DIARIO HUARPE Mirna en aquel momento.

Inmediatamente, llamaron a sus representantes legales, los abogados Dante Roca y María Eugenia Aragón, que tras ver  la orden de desalojo notaron supuestas irregularidades. “No hubo notificación ni previo aviso y tampoco se le da en este caso el derecho a la defensa. El procedimiento es irregular y la orden debe estar firmada por un juez competente”, dijo el letrado Roca.

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Un proyecto en pausa, pero en pie

Mordacci, por otro lado, confirmó a este medio que el proyecto que busca crear un polo gastronómico frente al teatro y así atraer al turismo y una revalorización de esos terrenos históricos del ferrocarril, sigue adelante. Aunque de momento, y a causa de la pandemia, está parado, pero no es el único problema.

“Además de la pandemia, que ha parado muchos de nuestros proyectos en la Capital, también nos enfrentamos a la falta de fondos para avanzar con semejante urbanización. Y tampoco podemos disponer de terrenos que actualmente están ocupados”, dijo el funcionario.

La fachada de la casa de Mirna Castro, donde intentaron desalojarla. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

Por su parte, confirmó que se está llevando un diálogo con los habitantes de los terrenos cedidos a ellos por estado nacional para llegar a un acuerdo que beneficie ambas partes. En este caso: brindar una solución habitacional a quienes viven en el barrio y proceder a la adquisición de los terrenos por parte del municipio sin mayores complicaciones.

“Tenemos buen diálogo con los vecinos y se está avanzando de forma paulatina. Los estamos vinculando con el IPV para que les otorguen una vivienda, pero la intención del municipio no es llevarse por delante a nadie y vamos a hacer lo que podamos con la buena voluntad de la gente”, aseguró.

Terreno cedido, pero sin escritura

Por otro lado, Dante Roca, representante legal de la familia Castro, realizó la presentación formal ante la Justicia de Faltas para saber en concreto cuál fue el proceder de ese juzgado y de qué delito, puntualmente, se le acusa a la familia.

“Para nuestra defensa, necesitamos saber que fue lo que ocurrió y de que delito se la está acusando a esta gente. Que nos informen de manera oficial que es lo que está pasando y por qué no se  nos notificó antes del desalojo”, dijo el abogado de la familia a DIARIO HUARPE.

¿Dónde reposa el origen del debate? Según consta en decreto provincial numerado 1.127 del año 2000, y en un convenio firmado entre Ferrocarriles Argentinos y el gobierno provincial, todos los terrenos pertenecientes a esa entidad nacional ya desaparecida en San Juan pasaron a los exempleados ferroviarios. La medida se dio en el marco de la privatización de los ferrocarriles iniciado durante 1991 durante la presidencia de Carlos Menem. En San Juan, por aquel entonces, gobernaba Jorge Escobar quien avalaría el decreto.

El decreto provincial señalado por la familia y los abogados. Foto: Gentileza

Este decreto está, además, respaldado por el artículo dos la ley Nº 24.146. Esta ley dice, que los bienes innecesarios del Estado podrán ser transferidos al personal de los entes del estado de forma onerosa (es decir, con conveniencia para ambos). En 2002, se daría inicio al proceso de escrituración.

Pero en 2010, el municipio de la Capital solicitó la transferencia de los terrenos y su inscripción en dominio público. “Tenemos acreditada esa propiedad y la municipalidad es propietaria del terreno”, dijo Mordacci sobre el tema.

Por su parte, la familia Castro y el defensor Roca sostienen la irregularidad del proceso, teniendo en cuenta el decreto provincial de Escobar y por qué los terrenos, según dicen, pertenecen al dominio nacional. “Es la Justicia Federal la encargada de llevar adelante el desalojo, no la provincial. De momento, vamos a esperar la respuesta de la Justicia y pensamos hacer una presentación ante la Justicia Federal”, aseguró Roca.

A la espera de una respuesta

Con todas las cartas sobre la mesa, ahora solo resta una respuesta de la Justicia de Faltas municipal ante la presentación de Dante Roca de una suspensión a término y toma de participación. “Estamos a la espera de que se pronuncien sobre lo sucedido. Si lo que ocurrió fue una contravención al código de faltas, queremos saber por qué no se respetaron los cinco días para descargo y del conocimiento de causa para una defensa. Es una violación al código de faltas”, expresó.

Croquis del terreno ferroviario cedido. Foto: Gentileza.

En caso de un mal proceder, Roca aseguró que deberían tomarse medidas sobre quienes llevaron a cabo las irregularidades cometidas. “No hubo notificación ni tiempo para ejercer la defensa. En primera instancia, debería sancionarse a los empleados municipales que actuaron sin orden judicial y de manera irregular. En segunda instancia, una disculpa oficial por parte del juzgado de faltas  y el municipio”, cerró.

Por su parte, Mordacci abogó por una transición tranquila y ordenada. “No vamos a tomar una decisión a la ligera y menos en contra de los habitantes del lugar. Nosotros venimos hablando y algunos no tienen interés de llegar a un acuerdo y buscan judicializar la situación, pero tenemos buen diálogo con la mayoría de los vecinos. Han visitado la municipalidad y  hasta hablado con el intendente. No tenemos fondos para avanzar en un desarrollo urbanístico en toda la manzana ahora, pero queremos dejar a la gente con cierta estabilidad relocalizándola”, cerró el funcionario.

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