Judiciales
Investigan a empleado judicial por esconder 300 expedientes de ejecuciones fiscales
Lo descubrió su jefa. La Corte ordenó abrir un sumario y el acusado podría quedarse sin trabajo.
La Corte de Justicia ordenó abrir un sumario administrativo contra un empleado de los juzgados de gestión asociada, para determinar si efectivamente escondió 300 causas que hay en trámite en el fuero de Paz contra deudores de impuestos y qué sanción cabría. La maniobra la detectó su jefa, quien de inmediato puso en conocimiento al máximo tribunal. Por ahora no trascendió con qué intención habría ocultado los expedientes.
La noticia se conoció este martes en la mañana por el sitio informativo El dedo en la llaga. Fuentes judiciales le confiaron más tarde que todo surgió a raíz de que la jefa de la Oficina de Juzgados de Gestión Asociada advirtió la falta de expedientes y cuando se puso a buscar, se dio cuenta que los tenía asignados el empleado que ahora está en la mira y del que no trascendió identidad.
Las fuentes revelaron que el involucrado habría escrito una nota en su computadora, reconociendo que escondió los expedientes. Esa prueba podría ser vital en el sumario, para corroborar que es el responsable, agregaron.
El sumario lleva un par de semanas y de acuerdo con lo que dijeron las fuentes, aún no se ha podido determinar cuáles son las causas que habrían llevado al acusado a ocultar la documentación. En todos los casos, afirmaron, son ejecuciones fiscales por impuestos impagos que estaban en curso en los tres Juzgados de Paz que tienen a cargo esa tarde, es decir causas contra deudores del Estado que derivó la Fiscalía de Estado.
Al tratarse de deudas, la primera especulación que se hizo es que el empleado podría tener un acuerdo con contribuyentes morosos para que los expedientes queden cajoneados y, por el paso del tiempo, zafen de tener que ponerse al día. Algo parecido su supone que pasó en el recordado Residual del Banco San Juan, sin embargo las fuentes desalentaron por el momento esa teoría.
Enterados de la maniobra, los jueces de Paz salieron de inmediato a verificar si los expedientes estaban prescriptos y si el Estado perdió el derecho a percibir los montos reclamados. Las fuentes aseguraron que, aparentemente, en ninguno operó la prescripción.
El trabajador judicial se arriesga a recibir una dura sanción. Las fuentes aseguraron que de comprobarse la maniobra, podría caerle encima el castigo más duro: la exoneración del Poder Judicial.
El acusado sigue en funciones, aunque no se descarta que sea suspendido preventivamente en caso de que su continuidad pueda entorpecer la investigación. Esa decisión podría salir una vez que exista formulación de cargos en el sumario administrativo, explicaron en Tribunales.