Javier Milei suspendió la reforma del practicaje y acordó una baja del 20%

El Gobierno de Javier Milei suspendió la reforma del servicio de practicaje y pilotaje en todo el país luego del conflicto que durante dos días afectó el funcionamiento de las principales terminales portuarias y puso en riesgo el flujo de exportaciones e importaciones.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 716, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que dejó sin efecto el Decreto 690/2026, impulsado a fines de julio para modificar el marco regulatorio del sector y reducir las barreras de acceso para nuevos prestadores.

La entrada en vigencia de esa normativa había generado un fuerte rechazo entre los prácticos y pilotos, que realizaron una medida de fuerza y provocaron una interrupción en las operaciones vinculadas al comercio exterior.

El Gobierno suspendió la desregulación

El nuevo decreto establece formalmente la suspensión del Decreto 690/2026, con el objetivo de recuperar la normalidad en las operaciones portuarias mientras se discute una nueva regulación para el sector.

La decisión fue tomada después de las negociaciones encabezadas por funcionarios del Ministerio de Seguridad con representantes de las entidades que agrupan a los profesionales encargados del practicaje y pilotaje.

El acuerdo alcanzado contempla además una serie de medidas destinadas a garantizar la continuidad del servicio.

Rebaja del 20% en las tarifas

Uno de los principales puntos acordados es una reducción del 20% en las tarifas vigentes del servicio de practicaje y pilotaje.

A esto se suma la reactivación inmediata y regular de las maniobras portuarias, con el objetivo de normalizar el movimiento de embarcaciones y evitar nuevas interrupciones en las terminales.

El Gobierno también acordó conformar una Mesa de Trabajo intersectorial, que tendrá como objetivo elaborar una nueva regulación para la actividad.

Quiénes integrarán la Mesa de Trabajo

El nuevo espacio funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y estará integrado por representantes de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y del sector privado vinculado al practicaje y pilotaje.

La intención es que los distintos actores participen en la elaboración de un nuevo esquema regulatorio que permita avanzar con las reformas sin repetir el conflicto que provocó la paralización del servicio.

El Gobierno busca garantizar la navegabilidad

El Decreto 716 entró en vigencia de manera retroactiva al miércoles 5 de agosto y encomienda a los organismos involucrados adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio.

El practicaje y pilotaje está considerado un servicio público fundamental y se encuentra regulado por la Ley de Navegación 20.094.

Mientras continúan las conversaciones para definir el nuevo marco normativo, el Gobierno busca asegurar la operatividad de los puertos y la continuidad del comercio exterior, luego de dos jornadas de fuerte impacto sobre el movimiento de importaciones y exportaciones.