José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado y denunció persecución política

El exdiputado nacional José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de activos y denunció que la investigación judicial en su contra tiene motivaciones políticas. A través de sus abogados, solicitó que la Cámara Federal de San Martín deje sin efecto la resolución, ordene su sobreseimiento y levante tanto el embargo de $1.000 millones como la prohibición de salir del país.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, quien el pasado 22 de octubre dictó el procesamiento del economista. La medida también alcanzó a Varianza S.A., una consultora constituida por Espert y su esposa en 2019.

En su apelación, el exlegislador cuestionó los argumentos utilizados por el magistrado y aseguró que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación. Según expresó, la resolución es "contradictoria, sesgada, falta de prueba y de tintes políticos".

La causa gira alrededor de una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020, vinculada a una empresa relacionada con el empresario Federico "Fred" Machado. Para la investigación judicial, el dinero habría ingresado mediante un supuesto contrato de consultoría que podría haber sido utilizado para justificar fondos de origen ilícito.

Sin embargo, el economista rechazó esa hipótesis y sostuvo que la operación respondió a una contratación profesional legítima.

Los argumentos de Espert para rechazar la acusación

Uno de los principales cuestionamientos de la defensa apunta a que todavía no existe una respuesta de las autoridades estadounidenses sobre la procedencia del dinero investigado.

"Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera", manifestó Espert, al señalar que el magistrado reconoció que continúa pendiente un exhorto enviado a Estados Unidos.

Además, sostuvo que las operaciones financieras se realizaron mediante mecanismos bancarios formales y que no existieron intentos de ocultar los movimientos. "Lavar es dar apariencia lícita a dinero sucio, y para eso hace falta esconder. Acá no hubo nada escondido", aseguró.

En ese sentido, detalló que el dinero fue transferido a una cuenta bancaria a su nombre y que las operaciones posteriores, entre ellas la adquisición de vehículos, quedaron documentadas.

El exdiputado también rechazó que se le atribuya conocimiento sobre las presuntas actividades ilícitas de Machado al momento de recibir los fondos. Según su planteo, parte de las conversaciones utilizadas en la investigación corresponden a abril de 2021, más de un año después de la transferencia.

Denunció persecución política y cuestionó el embargo

Otro de los puntos centrales de la apelación es el cuestionamiento a las restricciones judiciales. Espert consideró desproporcionado el embargo de $1.000 millones y sostuvo que la resolución no explica de manera suficiente cómo se determinó esa cifra.

También objetó la prohibición de abandonar el país, al afirmar que siempre respondió a las citaciones judiciales y colaboró con la investigación.

Por otra parte, cuestionó el procesamiento de Varianza S.A., sobre la cual pesa un embargo de $500 millones. Según explicó, la sociedad no recibió fondos provenientes de Machado ni participó directamente de la transferencia investigada.

El economista también denunció una supuesta utilización política del expediente, especialmente por las referencias judiciales a la financiación de dirigentes y campañas electorales.

En ese contexto, sostuvo que esas menciones "revelan la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme".

Finalmente, solicitó que la Cámara Federal de San Martín revoque el procesamiento y disponga su sobreseimiento. Como alternativa, pidió que se dicte la falta de mérito hasta completar las medidas de prueba pendientes.

Mientras se resuelve la apelación, continúan vigentes las restricciones impuestas por el juez. El procesamiento no constituye una condena y la responsabilidad penal del exdiputado todavía debe determinarse judicialmente.