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Juez de Jáchal: “Mi familia me pidió que me defienda, que no renuncie”

Javier Alonso se defendió y elípticamente responsabilizó a la Corte por las demoras en su juzgado.

POR Leonardo Domínguez
20 de abril de 2021

20 de abril de 2021

Hace poco fue denunciado por la Corte de Justicia por profundas demoras en las causas que tiene a su cargo y si la acusación prospera, será destituido. El juez de la Segunda Circunscripción Judicial, Javier Alonso, salió al cruce de las imputaciones que hay en su contra con un tiro por elevación al máximo tribunal, al sugerir que el personal con el que cuenta es insuficiente, que pidió designaciones y que no tuvo suerte. Por otra parte, contó que su familia le pidió que no dé un paso al costado y que se defienda.  

Alonso está en tiempo de descuento, porque tiene hasta el jueves a primera hora para presentar el descargo que le solicitó el Jurado de Enjuiciamiento. Justamente se tomó de eso para no responder acerca de las más de 500 causas casi sin movimiento que una auditoría detectó en su juzgado y que forman parte central del pedido de remoción en su contra. “Me parece poco prudente contestar en estos momentos”, sostuvo.

El magistrado destacó que el juzgado que dirige es “multifuero”, es decir que se dedica a causas de toda naturaleza a diferencia de los juzgados de la Primera Circunscripción, que son específicos, remarcó que 2020 fue complicado por la pandemia, que estuvo de turno todo el año y que recién en enero se tomó licencia. Además, contó que, después de hacer un diagnóstico de la estructura con la que cuenta Jáchal, el 8 de febrero le planteo por escrito a la Corte la “necesidad de designar funcionarios y empleados” y que “hasta el momento” no hubo nombramientos.

“No soy quien pare decir eso”, aseguró Alonso, evitando tirarle una culpa directa al máximo tribunal sobre la situación de la Segunda Circunscripción, que abarca a Jáchal e Iglesia, por la falta de personal judicial. Al mismo tiempo, tras aclarar que respeta "mucho" el trabajo de los cortistas", remarcó que hay 15 empleados y que “sólo me estoy limitando a decir en las condiciones que venimos trabajando desde el año 2018”.

Una de las opciones que tiene Alonso es irse por voluntad propia y evitar la exposición de un eventual juicio oral y público en el marco del Jurado de Enjuiciamiento. Por ahora, lo descartó. Aseguró que “mi familia es el termómetro” y que “me pidió (por su familia) que me defienda, que no renuncie”.

Según la denuncia promovida por los cortistas, una auditoría en Jáchal reveló que en 2020 se dispararon 406 causas penales, que solo 16 fueron elevadas a juicio y que las restantes 309 prácticamente no se movieron. También da cuenta de que hay 135 causas civiles con plazos vencidos.

Alonso no entró en detalles sobre los procesos paralizados, porque dijo que todo eso será parte del descargo que piensa elevar el próximo jueves al Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, aseguró que de la propia auditoría surge que el año pasado “en la Secretaria Civil tuvimos un trámite de 2.370 causas”, con un rendimiento en el dictado de sentencias del 101%... entraron 385 expedientes a resolver y dictamos 389 sentencias”.

Entre las causas demoradas que exhibió como prueba la Corte hay muchas que son sumamente sensibles, como las que son por violencia de género. El juez puso afirmó que cuando llegó al cargo se encontró con un juzgado que “necesitaba un saneamiento” y sobre ese tipo de procesos dijo que heredó “130 expedientes que van de 2014 a 2016 que no habían tenido ningún tipo de actividad” y que ordenó que los nuevos se tramitaran de manera específica en la Secretaría Penal.

Una vez que Alonso ensaye su defensa formal, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento deben resolver si abren o no el proceso de destitución. En caso de que lo hicieron, tendrán que correrle vista al fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, analice la prueba y decida si acusa al magistrado y se abre el juicio oral y público.

Textual

“En el 2020, a pesar de esta situación sanitaria que vivimos, con las diferentes reglamentaciones que se dictaron y afectaron el normal funcionamiento, no dejar de prestar administración de Justicia”.  

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