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Política > Comunicado

Jufejus repudió el pedido de juicio político a la Corte de San Juan

La Junta de Cortes y Superiores Tribunales de Argentina (Jufejus) rechazó el intento de juicio político contra los jueces Lima, García Nieto y Olivares Yapur y reafirmó "la importancia de un Poder Judicial independiente y libre de presiones políticas".

POR REDACCIÓN

05 de noviembre de 2024
La Corte de Justicia de San Juan; al lado, Emilia Valle y Sergio Cortar, presidente y vice de JUFEJUS. Foto: gentileza.

En respuesta a la decisión unánime de rechazar el juicio político contra miembros de la Corte de Justicia de San Juan, la Junta de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) emitió una declaración en defensa de la independencia judicial y del respeto a las normas constitucionales.

La organización subrayó que la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental en el sistema democrático y que cualquier tipo de presión política sobre los jueces representa una amenaza al Estado de derecho y a la separación de poderes. “La desnaturalización del juicio político constituye un inaceptable atentado contra los principios republicanos”, manifestaron en el comunicado.

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En este contexto, la Junta reafirmó que el Estado de derecho se sustenta en la división de los poderes, en el cumplimiento de la ley como expresión de la voluntad popular y en la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial. La estabilidad y la independencia de los jueces, señalaron, son condiciones indispensables para asegurar el respeto y la protección de las garantías constitucionales.

Vale recordar que el dirigente libertario Sergio Vallejos denunció a los jueces de la Corte, Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur, debido a su intervención en la controvertida causa de la expropiación del predio de La Superiora, la cual fue desestimada unánimemente por la Cámara de Diputados el pasado jueves 31 de octubre. Además, Vallejos presentó una segunda denuncia contra Lima, señalándolo por “retener el registro notarial número 22 durante su trayectoria política”, aunque esta acusación fue descartada por un tema administrativo.

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